El eje del debate gira en torno a la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable por un delito.
Debate judicial por la edad de imputabilidad: el Congreso analiza una reforma al régimen penal juvenil Debate judicial por la edad de imputabilidad: el Congreso analiza una reforma al régimen penal juvenil
La discusión sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina volvió a ocupar el centro de la escena judicial y legislativa tras la decisión del Gobierno nacional de incluir la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las Sesiones Extraordinarias del Congreso previstas para febrero de 2026.
El eje del debate gira en torno a la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable por un delito. Sin embargo, la discusión no se limita a fijar un límite etario, sino que abarca la estructura completa del sistema de responsabilidad penal juvenil y el rol del Estado frente a los delitos cometidos por adolescentes.
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El marco legal vigente
En la actualidad, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no son penalmente imputables. Esto implica que, ante la comisión de un delito, no pueden ser sometidos a un proceso penal ni recibir condenas, aunque sí pueden aplicarse medidas de protección en el marco de regímenes especiales.
Para los adolescentes de 16 y 17 años rige un sistema diferenciado: pueden ser imputados por determinados delitos, pero bajo un régimen penal juvenil específico que contempla limitaciones en el proceso y en la eventual aplicación de penas.
La reforma que se discutirá en el Congreso
El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil propone modificar la edad mínima de imputabilidad y establecer un marco integral de responsabilidad penal para adolescentes. La iniciativa oficial contempla que el nuevo sistema alcance a jóvenes de entre 13 y 18 años, lo que implicaría reducir la edad mínima desde los actuales 16.
El abogado penalista Andrés García Vautrin explicó que en el debate parlamentario existen diferentes posturas. Mientras algunos sectores políticos plantean fijar el piso en 14 años para facilitar acuerdos legislativos, el proyecto oficial establece los 13 años como edad mínima de imputabilidad.
Un sistema integral de responsabilidad penal juvenil
La propuesta no se limita a la reducción etaria. El texto impulsa un sistema integral que combine sanciones con medidas educativas y de reinserción social, con el objetivo de fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos sin abandonar la finalidad pedagógica del régimen.
Entre los puntos centrales se establece la prohibición de alojar a menores junto a adultos en lugares de detención. Toda privación de la libertad deberá cumplirse en institutos especializados o en sectores diferenciados del sistema penitenciario, con personal capacitado y enfoque formativo.
Asimismo, el proyecto prohíbe la aplicación de prisión perpetua a menores de edad y fija un máximo de 20 años de privación de la libertad. Incluso en delitos graves, las penas no podrían superar ese límite.
Alternativas de cumplimiento de pena
Otro aspecto relevante es la posibilidad de sustituir parcialmente la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena. Estas modalidades alternativas quedarían sujetas a control judicial y evaluaciones técnicas, priorizando la reinserción social del adolescente.
La iniciativa también propone una intervención estatal articulada que incluya dispositivos educativos, acompañamiento profesional y políticas de integración social, con el objetivo de abordar la problemática desde una perspectiva integral.
Contexto del debate
La inclusión del proyecto en sesiones extraordinarias responde a una agenda legislativa centrada en seguridad y justicia. En paralelo, existen otras iniciativas que proponen fijar la edad de imputabilidad en 14 años, lo que refleja la diversidad de posiciones dentro del Congreso.
El debate judicial y político también se encuentra atravesado por recientes hechos delictivos protagonizados por menores, que reactivaron la discusión pública. No obstante, especialistas advierten que las respuestas exclusivamente punitivas resultan insuficientes para resolver la problemática de fondo.
Comparación internacional y posturas
En el plano comparado, la edad de imputabilidad varía entre países: Uruguay la fija en 13 años, Paraguay en 14, mientras que en España e Italia se establece en 14 y en Francia en 13. Organismos internacionales recomiendan que cualquier reforma garantice un tratamiento diferenciado y respete los principios de protección integral de los derechos de niños y adolescentes.
Mientras algunos sectores sostienen que la normativa vigente no refleja la realidad actual y reclaman herramientas legales más claras para abordar delitos graves, otros advierten que la reducción de la edad por sí sola no resolverá la criminalidad juvenil y plantean la necesidad de fortalecer políticas sociales y educativas.
La definición final quedará en manos del Congreso, que deberá equilibrar las demandas de seguridad con la protección de derechos y la implementación de un sistema judicial juvenil con recursos adecuados y enfoque integral.
Fuentes consultadas: Minuto Uno - Buenos Aires.
