Tras negociar 28 cambios con bloques aliados y gobernadores, el oficialismo confía en alcanzar la media sanción. Afuera del Congreso, gremios y organizaciones sindicales se movilizarán en rechazo al proyecto.
El Gobierno asegura tener los votos para aprobar la reforma laboral en el Senado El Gobierno asegura tener los votos para aprobar la reforma laboral en el Senado
El Gobierno nacional se encamina a una jornada clave en el Senado, donde este miércoles a las 11 está convocada la sesión para debatir la reforma laboral. Tras introducir 28 modificaciones al texto original y negociar con bloques aliados y mandatarios provinciales, el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para lograr la media sanción.
Uno de los datos centrales de las últimas horas fue la eliminación del capítulo de Ganancias del proyecto, una de las principales exigencias de los gobernadores. Con este punto fuera de la iniciativa, desde el Ejecutivo estiman que las críticas quedarán concentradas en el kirchnerismo y la izquierda, por lo que consideran asegurado el número para aprobar la reforma. Para la mayoría simple, el oficialismo necesita al menos 37 votos.
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Los cambios acordados
Entre los ejes principales del texto se encuentra la redefinición del cálculo indemnizatorio por despido sin causa. La base se establecerá únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones. Además, la indemnización será considerada la única reparación económica en estos casos, en línea con el objetivo oficial de desalentar la denominada "industria del juicio".
El proyecto también incorpora un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que combinará el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual. Según el oficialismo, la medida busca dar previsibilidad a trabajadores y empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para las MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado e inembargable.
La iniciativa también propone una registración laboral simplificada y digital: la inscripción ante ARCA será suficiente y no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. A su vez, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse por diez años y tendrán plena validez legal.
En materia de beneficios sociales, se redefine qué conceptos no remunerativos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitaciones, con el objetivo de brindar mayor claridad normativa.
Respecto de la organización del trabajo, el proyecto habilita de manera voluntaria el banco de horas mediante acuerdo entre empleador y trabajador, y modifica el régimen de vacaciones, que podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionarlas y acordar períodos fuera de temporada, respetando un mínimo de siete días corridos.
Además, se crean el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación y la empleabilidad —especialmente de jóvenes y personas sin experiencia—, y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, destinado a impulsar inversiones productivas y tecnológicas con impacto en la generación de empleo.
El texto también contempla una reducción de cargas sociales para facilitar nuevas contrataciones, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral para reducir la presión tributaria.
Protestas y advertencias sindicales
Mientras el Senado debate el proyecto, en las afueras del Congreso se desarrollará una movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con la adhesión de distintos gremios y organizaciones.
La jornada contará con un fuerte operativo de seguridad de fuerzas federales para garantizar la circulación y evitar incidentes, con vallados previstos en zonas clave como Plaza de Mayo y las inmediaciones del Parlamento.
El acto central también servirá para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo. Desde la CGT advirtieron que, si el Gobierno no modifica la iniciativa, el próximo paso será la convocatoria a un paro nacional.
La central obrera sostiene que el proyecto tiene una "redacción maliciosa" que favorece a las grandes empresas y perjudica a las pymes. Entre los puntos más cuestionados figuran la limitación de la autonomía sindical, la creación de un fondo de cese laboral que podría reemplazar indemnizaciones tradicionales y la implementación del banco de horas, que, según los gremios, precariza la jornada laboral, detalla el portal de Todo Noticias.
