La acusación utilizó el video de Mariano Páez para fundamentar un pedido de resarcimiento más elevado basado en la solvencia familiar.
Juicio a Agostina Páez: usan el video del padre para exigir una indemnización más alta Juicio a Agostina Páez: usan el video del padre para exigir una indemnización más alta
En las horas previas a un fallo clave en Brasil, la defensa de la abogada santiagueña Agostina Páez se vio sorprendida por una maniobra judicial de último momento. La querella incorporó al expediente el polémico video viral de Mariano Páez, padre de la acusada, con el objetivo de demostrar un alto poder adquisitivo familiar y justificar así un incremento sustancial en la reparación económica para las víctimas.
En las imágenes citadas, se observa al hombre imitando gestos de un mono y jactándose de ser un "empresario, millonario, usurero". Según los alegatos finales a los que tuvo acceso el sitio de noticias LA NACION, esta evidencia fue utilizada para fundamentar un reclamo de indemnización que supera los US$150.000.
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Estrategia basada en el poder económico
El documento de 15 páginas, elaborado por la abogada asistente de la acusación, Tamara Fejolo, busca una sanción económica más severa enfocándose en la solvencia de la familia. La querella hizo especial hincapié en que fue el propio Mariano Páez quien afrontó el pago de la fianza que permitió la libertad de su hija y su regreso a la Argentina la semana pasada tras la concesión de un habeas corpus.
La reciente grabación de Mariano Páez repitiendo el gesto que hizo su hija fue calificada como una "clara afrenta a la Justicia brasileña y una falta de respeto a las víctimas", según el escrito firmado por Fejolo. La letrada utilizó los dichos contenidos en ese video como argumento para respaldar la cuantía solicitada por el Ministerio Público.
En los alegatos ante el juez, la abogada señaló que Mariano Páez fue captado "jactándose de ser 'empresario, millonario, usurero y narco'". A eso sumó que Agostina Páez "exhibe un alto estándar de vida a través de sus redes sociales, evidenciado en constantes publicaciones sobre gastronomía, moda y viajes por el mundo frente a decenas de miles de seguidores".
Por otro lado, Carla Junqueira, la abogada brasileña que encabeza la defensa de Páez, anticipó que presentará una impugnación formal ante el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro, a cargo del juez Guilherme Duarte, al considerar que los alegatos finales de la querella deben ser "desestimados por múltiples aspectos", según confirmó a LA NACION.
Desde una perspectiva procesal, la defensa sostiene que el escrito fue presentado fuera de plazo, ya que ingresó al expediente con firma digital la noche del domingo. Además, cuestionó que "pretende incorporar pruebas en un proceso cuya etapa probatoria ya fue cerrada".
Junqueira también advirtió sobre la "fragilidad del conjunto probatorio para intentar incrementar un valor de reparación de un daño que ni siquiera fue acreditado".
"La legislación para el combate al racismo existe para proteger efectivamente a las víctimas, pero no debe ser desvirtuada para aprovechar situaciones de vulnerabilidad con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos", afirmó la letrada, al anticipar la estrategia que llevará ante el tribunal.
Fejolo, por su parte, explicó a LA NACION que el video de Mariano Páez "fue citado al expediente como una forma de contextualizar los hechos recientes y demostrar los efectos negativos del caso, especialmente en la extensión del daño causado a las víctimas".
El episodio que dio origen al proceso ocurrió en la madrugada del 14 de enero de 2026 en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. Los empleados del local denunciaron que, tras una discusión por la cuenta, Páez habría proferido insultos y realizado gestos simulando a un mono en plena vía pública, escenas que quedaron registradas por cámaras de seguridad.
"Ante ese escenario, considerando las circunstancias del caso, así como el carácter pedagógico que debe orientar la fijación de la cuantía en relación con el daño moral", concluye la presentación, resulta "proporcional y razonable la suma requerida por el Ministerio Público", estimada en unos US$38.000, o 120 salarios mínimos, para cada una de las víctimas.








