"Alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos".
El Banco Mundial cuestionó el régimen de Tierra del Fuego El Banco Mundial cuestionó el régimen de Tierra del Fuego
El Banco Mundial cuestionó el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego calificándolo como una "política industrial fallida" y asegurando que genera un costo fiscal de US$1.070 millones anuales.
Así lo indica en el informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe, que contiene las previsiones de crecimiento de la región en 2026, resaltando la economía argentina como "la principal excepción al alza" al proyectar un avance del 3,6% en el PBI durante este año y del 3,7% para 2027.
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El reporte indica que si bien las políticas industriales requieren tiempo para que las empresas acumulen capacidades, "el apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia (cláusulas de caducidad) puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial".
Añade que este régimen "es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas".
El Banco Mundial señaló que "su estructura de incentivos mal concebida ha generado un costo fiscal sustancial para el gobierno argentino, estimado en US$1.070 millones anuales, sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas".
El análisis técnico identifica dos fallas fundamentales en la estructura del régimen que distorsionan el mercado. En primer lugar, hace referencia a las exenciones arancelarias, señalando que las empresas en la isla importan insumos sin pagar derechos de importación, lo que les otorga una ventaja artificial de costos sobre cualquier productor en el continente.
Y cuestiona los créditos sobre el impuesto al valor agregado (IVA) que recaen en la facturación, al indicar que el sistema busca premiar la creación de valor local, pero en la práctica las empresas generan "poco o ningún valor agregado real".
"La combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos, al tiempo que reclaman los beneficios fiscales asociados".
