El Poder Ejecutivo mandará la tercera tanda de proyectos desde que inicó el período de Sesiones Ordinarias. Aparece el Super RIGI como prioridad.
El Gobierno enviará un nuevo paquete de reformas al Congreso: qué temas incluyó El Gobierno enviará un nuevo paquete de reformas al Congreso: qué temas incluyó
El Gobierno nacional anunció este viernes el envío de un nuevo paquete de reformas al Congreso, compuesto por cuatro proyectos de ley. La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de una reunión mantenida con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.
La nueva tanda legislativa incluye la Ley de Ludopatía, el denominado "Super RIGI", la Ley de Lobby y modificaciones a la Ley de Etiquetado Frontal. Se trata del tercer paquete de proyectos impulsado por el Poder Ejecutivo desde el inicio del período de sesiones ordinarias de este año. "En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal", publicó Adorni a través de sus redes sociales.
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Lo único que se había dado a trascender en los últimos días es que no iba a haber un proyecto con mayor prioridad que el denominado Súper-RIGI, que no es otra cosa que una iniciativa hermana del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones que se sancionó en conjunto con la Ley Bases.
La versión ampliada buscará generar incentivos para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina. Reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25?% al 15?%, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5%, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.
Aunque no venía siendo comunicado ampliamente, finalmente el Gobierno acelera con su propia versión de la Ley de Ludopatía que la oposición había querido impulsar el año pasado en el Congreso.
En ese entonces, la iniciativa había logrado media sanción en la Cámara de Diputados, pero desde La Libertad Avanza no estaban de acuerdo con su redacción final, la cual buscaba aplicar fuertes restricciones a la publicidad de las casas de apuestas, el establecimiento de jornadas educativas sobre el tema, regulaciones sobre los medios de pago, límites diarios de gasto y la elevación de penas para titulares de casas de apuestas que incumplan la normativa.
La Casa Rosada aclaró oportunaente que no quería eliminar la publicidad de las casas de apuestas, pero sí regular la discrecionalidad con la que los menores acceden a las apuestas en forma digital. El enfoque principal es la regulación de las apuestas entre los jóvenes y la prevención de la adicción en este grupo.
El Gobierno anunció la reforma de la ley de etiquetado frontal con un proyecto que busca reducir o, en el mejor de los casos para el oficialismo, eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en los envases y permitir nuevamente la utilización de dibujos animados, celebridades o figuras deportivas como recursos de marketing en los productos, cambios que actualmente están prohibidos. Además, busca modificar el cálculo de nutrientes críticos que determinan la presencia de los sellos y simplificar los trámites administrativos vinculados a la aplicación de la ley.
La más novedosa de todas las propuestas impulsadas por el Gobierno es la Ley de Lobby, la cual busca trasparentar el lobby como una actividad de incidencia en las políticas legislativas.
Se trata de una iniciativa que impulsa con particular interés el sector ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo, inspirados en la experiencia que rige en Estados Unidos. El denominado "cabildeo" está regulado por ley y es considerado una herramienta legítima para enriquecer el debate en el Congreso y otros ámbitos de poder.
En Chile, la Ley 20.730 establece la obligatoriedad de la publicidad de la actividad de lobby, definiéndola como la gestión profesional de intereses ante funcionarios públicos para influir en decisiones, políticas o programas. Esta ley exige que las reuniones y gestiones de lobby sean registradas, incluyendo los intereses representados, los asistentes y una síntesis de lo tratado.
En lo que refiere al caso argentino, a fines de 2003, el decreto 1172 (de Acceso a la información Pública) buscó acercar algunas pautas sobre el tema. Entre los considerandos de este decreto puede leerse que "la publicidad de la Gestión de Intereses es necesaria a efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de estos encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en general, puedan acceder a tal información".








