La denuncia apunta contra dos letrados acusados de haberse apropiado de fondos pertenecientes a una mujer de 21 años a la que representaban legalmente. La Justicia ordenó allanamientos y analiza documentación para determinar el destino del dinero.
Investigan a dos abogados por una presunta maniobra fraudulenta contra una joven que recibió una indemnización por abuso sexual Investigan a dos abogados por una presunta maniobra fraudulenta contra una joven que recibió una indemnización por abuso sexual
La Justicia investiga a dos abogados que fueron denunciados por una presunta estafa en perjuicio de una joven de 21 años que había recibido una importante compensación económica tras haber sido víctima de abuso sexual. El caso se encuentra bajo investigación judicial y se tramita con estricta reserva de identidad para proteger a la denunciante y evitar su revictimización.
La causa está radicada en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4 y tiene como imputados a los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar. El expediente incluye acusaciones por presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada.
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De acuerdo con la presentación realizada ante la Justicia, la joven obtuvo una reparación económica en el marco de una causa por abuso sexual. Como parte del acuerdo alcanzado, recibió una camioneta Ford Ranger modelo 2023, cuyo valor rondaba los 50 millones de pesos.
Según la denuncia, tiempo después el vehículo fue vendido por una suma inferior a la valuación original y el dinero obtenido habría quedado bajo la administración de los abogados. A partir de ese momento, sostiene la acusación, comenzó una serie de maniobras destinadas a impedir que la joven tuviera control efectivo sobre sus recursos.
La presentación judicial señala que uno de los letrados habría persuadido a la mujer para que no depositara los fondos en una entidad bancaria, argumentando riesgos vinculados a la seguridad financiera y a posibles robos. La denunciante sostiene que esos planteos generaron temor y dependencia, llevándola a delegar completamente la administración de su patrimonio en quienes la representaban legalmente.
Otro de los ejes de la investigación está relacionado con el destino que habrían tenido los fondos. Según consta en la denuncia, el dinero habría sido utilizado en supuestas operaciones de préstamos a terceros, con promesas de rentabilidad mensual. Sin embargo, los investigadores analizan la falta de documentación que respalde dichas colocaciones financieras.
De acuerdo con la acusación, no existirían contratos, garantías ni registros formales que acrediten esas operaciones. Además, la joven asegura que nunca firmó autorizaciones para invertir su dinero ni fue informada de manera adecuada sobre los movimientos realizados.
La causa también incorpora audios y conversaciones de WhatsApp que serán sometidos a peritajes para determinar su autenticidad y contenido. Esos elementos podrían resultar claves para reconstruir las operaciones realizadas y establecer eventuales responsabilidades.
En paralelo, los investigadores analizan otra línea vinculada a posibles actividades de intermediación financiera sin autorización. Según trascendió, algunas de las operaciones bajo análisis podrían haber involucrado la captación y colocación de fondos de terceros sin los permisos correspondientes, una cuestión que eventualmente podría derivar en una investigación dentro del ámbito federal.
La denunciante también cuestionó presuntos descuentos y retenciones de dinero que habrían sido justificados como honorarios profesionales por actuaciones judiciales. Según su relato, nunca se firmaron convenios específicos ni se le presentaron rendiciones detalladas sobre los montos cobrados.
La investigación se desarrolla bajo una perspectiva de género debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la joven al momento de los hechos denunciados. La presentación destaca que la mujer no posee conocimientos jurídicos, atravesó gran parte del proceso embarazada y dependía de esos recursos económicos para garantizar su sustento y el de su hijo.
En el marco de las medidas ordenadas por la Justicia, se realizaron allanamientos en un estudio jurídico y en una vivienda vinculada a los acusados. Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y diversa documentación que ahora será analizada por peritos especializados.
Con el avance de las pericias y la recopilación de nuevas pruebas, la Justicia busca determinar qué ocurrió con el dinero obtenido por la víctima y si existieron conductas que puedan configurar delitos penales por parte de quienes tenían a su cargo la representación legal de la joven.
