El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán este viernes a Tierra del Fuego para supervisar el terreno donde se levantará la Base Naval Integrada. El proyecto contempla una inversión de hasta US$500 millones y el Gobierno prevé enviar la próxima semana al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Gobierno acelera la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego El Gobierno acelera la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y Presti a Tierra del Fuego
El Gobierno nacional acelera el proyecto de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y enviará este viernes al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti para recorrer el lugar elegido para la obra. La iniciativa forma parte de una estrategia vinculada con la presencia argentina en el Atlántico Sur y se desarrollará en paralelo con nuevas medidas contra empresas que realizan actividades en las Islas Malvinas sin autorización.
La visita fue definida durante una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, donde Quirno y Presti participaron por primera vez. Durante el encuentro también se analizaron los avances del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Poder Ejecutivo prevé presentar la próxima semana en la Cámara de Diputados.
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El Gobierno ya destinó US$142 millones del presupuesto nacional para avanzar con la Base Naval Integrada y el Polo Logístico. Sin embargo, las estimaciones oficiales ubican el costo total de la iniciativa entre US$400 y US$500 millones, por lo que todavía resta determinar cómo se cubrirá la mayor parte del financiamiento.
En ese sentido, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que contemple como una prioridad dentro del Presupuesto 2027 la construcción de la base y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional.
El objetivo de la recorrida de Quirno y Presti será conocer el estado del predio y avanzar en las definiciones necesarias para acelerar los trabajos. Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la instalación no estará destinada exclusivamente a cuestiones militares.
"Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida", afirmó Ravier.
En paralelo al avance de la obra, el Ejecutivo profundizó las medidas contra compañías internacionales vinculadas con actividades extractivas en las Islas Malvinas. Durante los últimos días fueron notificadas nuevas empresas y personas, mientras que este martes se anunció otro grupo de 15 compañías alcanzadas por sanciones.
La ofensiva también incluye una denuncia penal presentada por el canciller Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra varias empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas.
La presentación alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de quienes hayan intervenido en las operaciones cuestionadas.
De acuerdo con el planteo oficial, la eventual responsabilidad alcanza a "todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados" que hayan participado de los hechos investigados.
Por otra parte, la futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional plantea modificaciones a la normativa vigente para aumentar las sanciones contra compañías y proveedores que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina. Entre las medidas previstas aparece también la posibilidad de avanzar, cuando corresponda, con procesos judiciales en ausencia.
El proyecto contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El organismo tendría herramientas específicas para responder ante eventuales amenazas provenientes tanto de actores estatales como no estatales.
En este escenario, el Gobierno busca combinar el desarrollo de infraestructura estratégica en Tierra del Fuego con nuevas herramientas legales y diplomáticas para reforzar su posición sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
"La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", sostuvo el Gobierno al anunciar las nuevas sanciones, y remarcó que cada expediente iniciado forma parte de una misma política para impedir que terceros dispongan de los recursos de esos territorios sin autorización argentina.
