Piden preventivas y afirman que el descalabro ya le costó a Fürth Automotores $ 5.300 M.

La alegría o desazón de Caro, Llado y Moyano hacían malabares ayer en la "asociación ilícita", atacada por las defensas durante 4 horas de debate y en cuyo transcurso la Fiscalía requirió preventivas por presunta defraudación superior a $ 6.900 millones en Fürth Automotores.

Allí se centró la estrategia de los fiscales, Victoria Ledesma y Diego Cortes, quienes desde julio pasado intentan develar cómo fueron esquilmados los $ 6.900 millones de la concesionaria, casi $ 1.000 más que la estimación de Gerardo Caro, ex gerente de la firma.

Fue un primer round que hoy tendrá el corolario y resolución al mediodía, según lo adelantó el juez de Control y Garantías con Competencia Juvenil, Gastón Merino.

Por Caro, intervino el abogado, Guillermo Ruiz Alvelda; por Matías Llado, ex jefe de Ventas, Miguel Torres. Asisten a la excajera, Javier Leiva y Lucas Díaz. Por la empresa, la querella está cargo de Marcelo Sgoifo y por damnificados particulares, Dante Alfredo Basbús.

Lo medular

En el prólogo, los fiscales acusaron a los tres detenidos por la desaparición de la cifra mencionada. Señalaron que las maniobras quizá comenzaron en el 2024 y se extendieron hasta el primer semestre del 2026.

Gráfico e instructivo, Sgoifo puso los números sobre la mesa. Señaló que el agujero negro le costó hasta ahora a Fürth Automotores "$ 5.300 millones que ya ha desembolsado a Volkswagen. Hay otros 33 vehículos fantasmas, que a corto plazo representarían otros $ 1.000 millones para pagar".

A su turno, Javier Leiva pidió "la nulidad de la declaración de imputado" (a Moyano), donde se la notifica de la asociación ilícita. "Ello no tiene ningún fundamento, ni basamento porque tampoco se le ha explicado en qué consistía su actuación para integrar una organización mafiosa".

Después, el abogado de Caro, Guillermo Ruiz Alvelda, alegó "… la inexistencia de todo tipo de indicio de una asociación ilícita, a punto tal que durante la ampliación de declaración de imputado de mi defendido. Él preguntó qué otros delitos supuestamente hemos planificado o llevado a cabo o pensado en realizar, no únicamente estafa dijo el Ministerio Público".

En tal sentido, Ruiz Alvelda solicitó "la exclusión del tipo penal de la asociación Ilícita, como asimismo, el carácter de jefe, u organizador. Tampoco han explicado por qué una cosa u otra respecto de Caro". El abogado pidió la excarcelación, previo oponerse a la preventiva.

Después Miguel Torres siguió esa línea y señaló que si todo esto depende de la propia determinación de los valores de prejuicios que hace la empresa, "... vamos a estar esperando 7 meses que termine la famosa auditoría que están haciendo y de la cual no tenemos ninguna intervención, o control", dejó en claro en el recinto.

Juzgó que todo es endeble, a punto tal que la Fiscalía y la querella manejan cifras dispares. Finalmente, subrayó que no existen elementos sobre ilícitos atribuibles a Matías Llado. "Nos oponemos a la preventiva porque no acreditaron ni existió la asociación ilícita", enfatizó.

Testimonios: Caro digitaba todo, Llado operaba con 0 km, por fuera del playón, los vendedores iban y venían con plata en cajas

Desde las 9, la Fiscalía impulsará hoy el contragolpe, resuelta en defender y apuntalar las bases y horcones de la asociación ilícita.

Sus planteos darán vida luego a las réplicas y contra réplicas de los abogados defensores, aunados en la sola estrategia de golpear y debilitar la asociación ilícita.

Para los libros y expertos, "… es un delito que consiste en la agrupación de tres o más personas organizadas con el fin de cometer delitos indeterminados. Se castiga por el solo hecho de formar parte de esa banda, sin que sea necesario que los delitos planeados lleguen a concretarse. En Argentina, está tipificada en el artículo 210 del Código Penal con penas de 3 a 10 años de prisión para los miembros, y un mínimo de 5 años para jefes u organizadores".

En esta historia hay tres personas y los fiscales afirman que Caro, Llado y Moyano actuaron en forma sincronizada, en especial los dos primeros: el primero, al mando de las riendas de la firma y el segundo, como mandamás de los vendedores, dentro y fuera del local.

Más allá de las tres posiciones, (Fiscalía, querella y defensa) muchos testigos describieron el día a día en la empresa, con sellos distintivos: Caro definía a quién se entregaban los vehículos, Llado ingresaba al playón, o no, los 0 km, realizaba operaciones sin controles, no abundaban los recibos y sí empleados con cajas llevando y trayendo dinero, más operaciones curiosas con financieras o cuevas, en Santiago y fronteras afuera.

Cero discreción, eran días dorados al menos para Caro y Llado. La buena vida, cenas y viajes, diferían de operaciones con falencias en la documentación y cifras en claro divorcio entre las ventas y los dineros genuinos impactados al sistema. De todo ese mundo de ventas y agujeros negros, Merino (foto) definirá la suerte de los detenidos: preventiva o libertad, sin limbo alguno.

El agujero negro y los pagos a Volkswagen recién empiezan

Marcelo Sgoifo reveló que el 16 de julio, un día después de formalizar la denuncia Caro, arribaron a Santiago del Estero directivos de Volkswagen.

De teóricos 115 vehículos en stock, solo eran genuinos 23. El resto, estaba disgregado en unidades entregadas en forma irregular, con documentación incompleta, y lo más grave: los dineros no habrían ingresado al sistema, es decir no fue impactado hasta hoy.

También salieron a la luz 7 unidades casi fantasmas, con documentación y hasta doble titularidad. Habría personas con vehículos, pero sin documentación y viceversa.

Las consecuencias

Lo más grave aún, sin que las cifras alarmantes avizoren un corolario, mucho menos contenida la hemorragia económica. "Hasta hoy, la maniobra delictiva viene costándole a la empresa $ 5.300 millones. Pero hay otros 33 vehículos en situaciones muy irregulares (otro rojo pasivo) que a corto plazo forzarían otro pago cercano a $ 1.000 millones", adelantó Sgoifo.

Vale destacar que en la actualidad, los contadores llevan adelante una auditoría en la firma, cuyas conclusiones representan toda una encrucijada para los protagonistas.