El oficialismo busca conseguir dictamen el martes 27 de octubre y llevar la iniciativa al recinto antes de que el calendario legislativo se concentre en el debate del Presupuesto. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión por la explotación no autorizada de recursos naturales.
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El Gobierno nacional intensificó las negociaciones con diputados de distintos espacios políticos para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas. La iniciativa será debatida el martes 27 de octubre, a las 16, en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde el oficialismo intentará conseguir dictamen para habilitar su tratamiento en el recinto.
Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y legisladores del PRO, el MID y el Partido Justicialista (PJ), entre otros espacios. Tras la reunión, Ravier manifestó que el Ejecutivo espera obtener un dictamen favorable para llevar el proyecto al recinto lo antes posible y sostuvo que la propuesta constituye una prioridad para la administración nacional.
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Sin embargo, los tiempos legislativos representan un obstáculo para el oficialismo. Aunque el miércoles 28 de octubre aparece como una posible fecha para tratar la iniciativa, noviembre tendrá una agenda condicionada por el debate del Presupuesto y otras actividades parlamentarias. Por ese motivo, todavía no hay certezas sobre cuándo podría concretarse la votación en la Cámara de Diputados.
Entre los principales cambios, el proyecto propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones por la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. Las penas podrían alcanzar los 20 años de prisión, además de contemplar inhabilitaciones para operar en el país, la creación de un registro público de infractores y restricciones para que el Estado y los particulares contraten con las personas y entidades incluidas en esa nómina.
La iniciativa también plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia. Entre sus atribuciones previstas figuran la adopción de medidas ante amenazas graves, mientras que otros apartados incorporan disposiciones sobre financiamiento extranjero de la política, espionaje, desinformación, sabotaje y terrorismo. El alcance de estas facultades y el contenido integral del proyecto quedarán sujetos al debate parlamentario.
