Las imputaciones a cada uno de los detenidos por la venta de drogas

En una maratónica jornada, los cinco detenidos y la mujer aprehendida en el marco de la investigación por la comercialización de estupefacientes en el corazón del centro de la ciudad y la "noche santiagueña" prestaron declaración de imputados.

Tal como lo había adelantado EL LIBERAL, los principales acusados admitieron sufrir de adicciones, pero negaron tajantemente dedicarse a la venta de drogas.

Desde tempranas horas, los acusados fueron trasladados al edificio del Ministerio Público Fiscal ubicado en Chaco e Yrigoyen.

Recién alrededor de las 12, Ramiro Agustín Petros, asistido por su abogado, Dr. Miguel Torres, ingresó a la Fiscalía de la Dra. Aída Farrán Serlé y comenzó a ser indagado.

En primer lugar le informaron la calificativa en su contra: "comercialización de estupefacientes, suministro de estupefacientes a título gratuito y aplicación de estupefacientes a otros mediante engaños, todo en concurso real de delitos, en perjuicio de la salud pública y otros".

Posteriormente Petros y su defensa conocieron las pruebas de cargo, es decir las evidencias con las que cuenta la Fiscalía hasta el momento en el proceso.

Pese al hermetismo en torno del caso, las fuentes confiaron que la investigación se inició a finales del 2017 por parte de la Justicia Federal, que luego declinó competencia en la Justicia Provincial, desde donde se continuó las averiguaciones con la colaboración de Gendarmería Nacional.

Trabajos de vigilancia, escuchas telefónicas, denuncias anónimas, testimonios serían parte de las pruebas con las que cuenta la representante del Ministerio Público Fiscal para sostener las acusaciones, al menos de forma provisoria.

Al momento de declarar, tal como lo había anticipado EL LIBERAL en su edición del martes, el empresario habría admitido que consume sustancias estupefacientes, que conoce a algunos de los acusados, pero negó tajantemente tener algún vínculo con la comercialización de drogas.

Imputaciones y roles

Las declaraciones se sucedieron una a una, extendiéndose hasta las 21 horas. La Fiscalía les imputó diferentes calificativas a los involucrados, dejando entrever allí el rol que le endilgaría a cada uno en la supuesta organización.

Andrés Díaz Martínez fue imputado por el supuesto delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en perjuicio de la salud pública y tenencia de arma de fuego de uso civil en perjuicio de la seguridad pública, en concurso real de delitos".

El joven de 27 años también habría admitido problemas de adicciones, pero negó cualquier vínculo con una organización dedicada a la venta de estupefacientes. El instructor de boxeo fue asistido por su abogado defensor, Dr. Osvaldo Pérez Robertti.

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Marcos Arambuena fue acusado del supuesto delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". El hombre de 37 años también habría manifestado que consume sustancias, pero negó relación alguna con la venta de drogas.

Sandra Díaz, quien sería pareja de Arambuena, también bajo la misma calificativa. Ambos fueron asistidos por el Dr. Lucas Vieyra.

Cristian Sebastián Díaz, un joven de 30 años, fue imputado por el supuesto delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en perjuicio de la salud pública y tenencia de arma de fuego de uso civil condicional en perjuicio de la seguridad pública, todo ello en concurso real de delitos".

El último en declarar fue Luciano "Kiwi" Gamboa, asistido por el Dr. Diego Lindow. La declaración del sospechoso finalizó cerca de las 21. La Fiscalía le imputó el supuesto delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, suministro de estupefacientes a título gratuito y aplicación de estupefacientes a otros mediante engaños, todo en concurso real de delitos, en perjuicio de la salud pública y otros".

"Kiwi" también declaró de manera extensa. Admitió el consumo de sustancias, tratamientos realizados, explicó algunos puntos sobre su vida cotidiana, viajes y círculo de amigos, pero negó de forma terminante cualquier vínculo con una organización delictiva dedicada a la venta de sustancias tóxicas.