Crisis de poder en Perú

Por Pedro José Basbús. Magistrado, docente de la cátedra de Derecho Internacional Público, Ucse.

Las cercanías a la Plaza de Armas, la Catedral, el Palacio Presidencial (el Palacio Pizarro) lucían desiertas este pasado miércoles luego del comienzo de una semana con mucha tensión en la República del Perú y que, a la fecha,  pareciera encontrarse menguando.

El presidente Martín Vizcarra asoma como el ganador de la crisis que, si bien se entiende en franca superación, al día de la fecha no ha terminado y es más, podría recrudecer.

¿Qué había sucedido?

El mencionado Presidente peruano solicitó al Congreso, a través de su jefe de Ministros Salvador del Solar, una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley. 

Se trataba de añadir a una norma existente, los criterios de transparencia, pluralidad y participación ciudadana en la selección de candidatos al Tribunal Constitucional (junto a la Corte Suprema máximos órganos jurisdiccionales en el Perú), ya que la oposición invitó a 11 postulantes —10 de ellos afines— a formar la terna que luego iba a ser votada en el pleno. 

¿Qué es la cuestión de confianza?

La Constitución peruana contempla que el presidente del Gobierno pueda usar el mecanismo de cuestión de confianza ante el Congreso si siente que su proyecto político está debilitado.

Este mecanismo se encuentra previsto en los artículos 133 y 134 de la Constitución del Perú. El primero permite al presidente del Consejo de Ministros  requerir al Congreso una cuestión de confianza en nombre del Consejo. Esto significa que el Congreso puede negarle la cuestión confianza al gabinete presidencial. Si lo hace, ese gabinete tendría que renunciar.

El segundo artículo indica que si dentro de un gobierno el Congreso censura el voto de confianza a dos consejos de ministros, el presidente tiene el poder constitucional para cerrar el Congreso, lo que en definitiva sucedió.

En efecto, el Parlamento no votó la cuestión de confianza y sometió al voto la elección de magistrados. Logró nombrar a uno, por ello horas más tarde Vizcarra dio por rechazada la segunda moción de confianza, anunció la disolución del Legislativo (asumió transitoriamente el congresista Pedro Olaechea) y la convocatoria a elecciones parlamentarias (26 de enero 2020).

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Redoblando la apuesta y el enfrentamiento, el Congreso peruano declaró la “incapacidad moral temporal” del presidente y designó a Mercedes Aráoz (segunda vicepresidente) como presidente interina, quien poco después renunció al cargo impuesto.

Lo hizo, según aseguró, con el propósito de propiciar una convocatoria de elecciones generales y apelando al pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deja en manos del Tribunal Constitucional la decisión última sobre el cierre del Parlamento. 

¿Cómo se llegó hasta aquí?

La crisis es el reflejo de una abierta división entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el partido fujimorista Fuerza Popular perdidoso en las elecciones presidenciales,  logra la mayoría parlamentaria.Vizcarra ha acusado a Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero, de tratar de usar las instituciones democráticas para su beneficio personal.

Asimismo se acusa al partido de utilizar su mayoría parlamentaria para hacerse con el control del Tribunal Constitucional.Otra sombra que se cierne sobre el país es el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que en 2018 le costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y llevó a la asunción de Martín Vizcarra, su entonces vicepresidente.

Vizcarra ante eso promovió una serie de reformas para combatir la corrupción, las cuales lo han enfrentado con el Congreso, y la cámara, a su vez, ha boicoteado varios intentos de tomar medidas contra la corrupción y rechazado los pedidos del mandatario para llevar a cabo elecciones legislativas.

Mientras tanto, la oposición en el Congreso inició el proceso para renovar a varios magistrados del Tribunal Constitucional, lo cual culminó con la decisión de Vizcarra de disolver el parlamento y convocar elecciones para el 26 de enero.

La última vez que sucedió un hecho similar fue en el año 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía. Sus críticos afirmaron que fue para tapar las investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.Más allá de ese precedente, la Constitución contempla que las elecciones para conformar un nuevo Congreso deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara.

Elegido un nuevo Parlamento, éste puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del ente haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria.

Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, “el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros”, se lee en la Constitución.

La Constitución de Perú establece que el ejercicio de la presidencia puede quedar vacante por “su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Sin embargo,  tras conocerse la disolución de este lunes, los diputados no sólo no abandonaron la Cámara sino que aprobaron una moción para suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses y,  si bien la vicepresidenta juramentó como “presidenta en funciones” del país de manera temporal, luego renunció según lo que se señalara anteriormente.

Forzoso es decir que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron en Palacio de Gobierno con Vizcarra para reafirmar “su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente”, informó la presidencia de Perú.

¿Por qué es importante el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional del Perú es un organismo constitucional e independiente y es el órgano supremo de interpretación y control de la constitución de ese país. En esta función cuida que las leyes, los órganos del Estado y los particulares, no vulneren lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto de la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular.

Compuesto por siete miembros elegidos por el Congreso (voto favorable de 2/3 de sus miembros) tiene  a la espera la resolución de casos que impactan la vida política y económica del Perú.

En efecto, los casos de Ollanta Humala y su esposa (reducción de la prisión preventiva) el de Alberto Fuijimori (hábeas corpus presentado antes de su indulto buscando su libertad ante condena por delitos de lesa humanidad), la inconstitucionalidad de la ley que equipara a las pensiones militares y de la policía, pero, en especial el recurso presentado por Keiko Fujimori (hija del ex Presidente) para revocar la prisión preventiva que cursa (por delito de lavado de dinero) son casos resonantes que pueden provocar un cimbronazo en la vida política y económica del Perú.

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La República del Perú tiene el triste récord de contar, en estos últimos 20 años, con sus ex presidentes privados de la libertad. Alberto Fujimori (1990/2000) se encuentra condenado por crímenes de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001/2006) detenido en los EE.UU. presuntamente involucrado por el caso Odebrecht y acusado de lavado de activos; Alan García (2006/2011) se suicida cuando iba a ser detenido por esta última causa, Ollanta Humala (2011/2016) detenido por lavado de activos y Pedro P. Kuczynski (2016/2018) en prisión preventiva por el caso Odebrecht, demuestran que la corrupción ha causado estragos en la vida política de dicho país.

Sin embargo, el Perú hoy tiene una inflación proyectada para fines de 2019 del 1,83% y tiene uno de los indicadores de riesgo país más bajos de la región (113 puntos básicos según JP Morgan). ¿Razones? El Perú no ha tocado sus fundamentos económicos tales como apertura al mundo, un estado no empresario y libertad de mercado.

¿Qué puede pasar ahora?

Es indudable que la crisis política puede conspirar y entorpecer la bonanza económica.

Si bien la economía peruana ha crecido sostenidamente el último cuarto de siglo, permitiendo salir de la pobreza a miles de familias, la crisis política puede afectar inversiones extranjeras y públicas (estancadas hace tres años por el escándalo Odebrecht) claves para la creación de empleo. Es indudable que el presidente Vizcarra (que lleva a cabo una campaña anticorrupción) luego de la renuncia de Aráoz surgiría como vencedor en esta crisis. Este jueves pasado juró su nuevo gabinete, no obstante y hasta la elección parlamentaria del 26 de enero de 2020, la crisis política  perdurará. De la prudencia del gobierno y de la oposición pende el futuro político del Perú.