Las 4 medidas de Macri para combatir el delito

Desde Casa Rosada, y con la mira puesta en las elecciones legislativas, el Gobierno lanzó ayer un programa preventivo en los aeropuertos para detener delincuentes de otros países. La medida se suma a los mayores controles migratorios, que serán oficializados en las próximas horas, y al inicio del debate por la ley penal juvenil.

1) Control del aire

El Gobierno presentó ayer el API (información anticipada de pasajeros) para anticiparse a la llegada de extranjeros con antecedentes penales o con pedido de captura que llegan a la Argentina vía aérea. El nuevo sistema permite a Migraciones contar con información sobre 12 millones de pasajeros en 60.000 vuelos que llegan a la Argentina por año. Con información suministrada por las líneas aéreas, podrá detenerse un viajero que haya delinquido antes de la partida de su avión en el país de origen, o expulsarlo si este consiguiera de todos modos llegar al país en avión.

2) Complemento

El presidente firmó un decreto que crea la Comisión Nacional de Fronteras, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de controlar los pasos limítrofes y coordinar las fuerzas de seguridad. Además, está en estudio la realización de un API terrestre para controlar micros y la llegada de puertas biométricas para agilizar el control.

3) Expulsión exprés

El Gobierno da los retoques finales a un decreto presidencial que busca reducir a un máximo de dos meses el trámite de expulsión de extranjeros condenados por delitos graves en el país o el exterior. También establece que una pena tres años de condena (efectiva o no) es suficiente como causal de expulsión. El extranjero con pedido de expulsión tiene tres días para efectuar su descargo por la vía legal. Para solicitar la ciudadanía los extranjeros deberán atenerse a la ley migratoria. Se negará ese derecho a los turistas con visa temporaria que tramitaban ante los juzgados su residencia permanente sin cumplir con los requisitos de Migraciones.

4) Nueva ley y menos edad

A principios de año, el Gobierno comenzó a instalar la necesidad de una nueva ley penal juvenil, que incluya la baja en la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, de 16 años a 14. El oficialismo convocó a un grupo de expertos sobre la base de ejes temáticos, como "medidas alternativas a la privación de la libertad", "delitos y sanciones acordes a la Convención de los Derechos del niño y "condiciones de detención que fomenten la reinserción", además de la baja de la edad de imputabilidad.