ADPRA expresa su profundo rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero Luis Ger, hizo suyo el planteo de la defensa de la Universidad Pública en contra del veto del presidente Milei y adhierió al repudio que hace la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que establece que:

"La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresa su profundo rechazo y enérgico repudio al veto dispuesto por el Presidente de la Nación, Javier Milei, a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Honorable Congreso de la Nación".

Dicha ley, aprobada por amplia mayoría parlamentaria, respondía a la urgencia de garantizar recursos adecuados y previsibles para el sostenimiento del sistema universitario nacional, hoy atravesado por una crisis que amenaza la continuidad de su funcionamiento. El veto presidencial constituye, en consecuencia, un golpe institucional y social de extrema gravedad.

La Constitución Nacional consagra en su articulado el derecho de enseñar y aprender (art. 14) así como la obligación indelegable del Congreso de dictar leyes que aseguren la organización, sostenimiento y financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo científico y tecnológico). A su vez, la reforma constitucional de 1994 les ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a la educación superior como un derecho humano fundamental (PIDESC, Protocolo de San Salvador, entre otros). (Art. 75 incas. 18, 19 y 22 CN).

"La universidad pública argentina no es solo un ámbito académico: es una institución estratégica que desde hace más de un siglo constituye motor de movilidad social ascendente, producción de conocimiento, soberanía cultural, tecnológica y científica, y un ejemplo reconocido internacionalmente. El veto presidencial no solo desconoce este legado, sino que también se inscribe en una política sistemática de desfinanciamiento y hostigamiento hacia la educación superior pública", consideró.

"Desde ADPRA afirmamos que el debilitamiento de las universidades públicas atenta contra el presente y el futuro de la sociedad argentina en su conjunto, afectando a millones de estudiantes, docentes y trabajadores, pero también al país entero, que se ve privado de uno de sus principales activos para el desarrollo sostenible, la justicia social y la integración internacional. La educación pública es un derecho que los gobiernos de turno no puedan quitar o conceder discrecionalmente. Atacar la universidad pública es desconocer el legado reformista de 1918, que abrió las puertas del saber a todo el pueblo y consagró la autonomía, la democracia y el pensamiento crítico como pilares de nuestra educación superior. Desfinanciar la universidad es pretender silenciarla, es retroceder a una universidad reservada para una élite, negando derechos conquistados por generaciones enteras de argentinos y argentinas".