La defensa argentina busca dejar sin efecto la orden de Preska de que el ministro y exfuncionarios de Economía entreguen sus celulares.
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El juicio por YPF sigue sumando capítulos. Esta vez, el Gobierno argentino presentó su tercera apelación en el proceso en el que fue condenado a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo.
El recurso busca frenar la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a entregar mensajes de los últimos dos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, así como dispositivos personales vinculados a sus funciones.
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Los abogados argentinos presentaron un escrito ante el juzgado de primera instancia de Nueva York, notificando el inicio del proceso de apelación ante la Corte de Nueva York. Con esta tercera apelación, la defensa apunta a que se deje sin efecto la orden de Preska para entregar los mensajes y dispositivos de funcionarios y exfuncionarios del Palacio de Hacienda.
La medida se enmarca en el proceso de discovery, donde los beneficiarios de la sentencia, Burford Capital, buscan probar la figura del "alter ego": si YPF y otras empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, funcionan como una extensión del Estado.
De confirmarse esta figura, los fondos demandantes podrían reclamar embargos sobre estas compañías para cobrar parte de la sentencia de septiembre de 2023, que también fue apelada por el Gobierno.
Antecedentes
A fines de julio, la jueza Preska ordenó el embargo y la entrega de información de funcionarios públicos en medio del discovery. La magistrada solicitó recolectar mensajes relacionados con palabras clave como YPF, Banco Nación o Aerolíneas, sin afectar información de carácter privado de los funcionarios.
El Gobierno presentó dos recursos previos alegando que la entrega de información sensible viola leyes de EE.UU. y Argentina, atenta contra la soberanía nacional y no conduciría al hallazgo de activos ejecutables. Sin embargo, la jueza ratificó su directiva a mediados de septiembre y fijó como plazo final el fin de mes.
Por esta razón, los abogados argentinos optaron por apelar ante el tribunal de segunda instancia, que ya tramita de manera separada otros dos recursos: uno para evitar la entrega de acciones de YPF como pago de la sentencia y otro que busca anular la condena de US$16.000 millones en su totalidad, menciona el portal TN.








