La oposición busca instalar el tema de la seguridad pública en el centro del debate político y alinear la respuesta del país con la política de mano dura promovida por Estados Unidos y replicada por otros gobiernos de la región.
La derecha presiona a Lula tras la masacre de Río de Janeiro La derecha presiona a Lula tras la masacre de Río de Janeiro
Tras la masacre ocurrida en Río de Janeiro, donde un megaoperativo policial dejó más de 120 muertos, la derecha brasileña intensificó la presión sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que declare "terroristas" a las organizaciones criminales como el Comando Vermelho (CV). La oposición busca instalar el tema de la seguridad pública en el centro del debate político y alinear la respuesta del país con la política de mano dura promovida por Estados Unidos y replicada por otros gobiernos de la región.
Por el momento, Lula descartó militarizar Río de Janeiro, una posibilidad prevista en la Constitución, y optó por promulgar una ley aprobada por el Congreso que endurece la lucha contra las facciones criminales y refuerza la protección de autoridades judiciales y funcionarios. El presidente también rechazó adherir a la estrategia de Washington, que cuenta con el apoyo de mandatarios como Javier Milei.
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En paralelo, gobernadores alineados con Jair Bolsonaro se reunieron este jueves en Río para respaldar al mandatario estadual Cláudio Castro y crear un frente común que impulse en el Congreso una ley para equiparar a las organizaciones narco con grupos terroristas. La propuesta fue presentada por el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema.
Un país sacudido por la violencia narco
Brasil enfrenta desde hace años una escalada de violencia protagonizada por bandas como el Comando Vermelho, el Tercer Comando Puro y el Primer Comando de la Capital (PCC), que controlan barrios enteros en las principales ciudades. Además del tráfico de drogas, estas organizaciones manejan negocios ilegales como la extorsión, el juego clandestino y el secuestro, operando con la connivencia de sectores políticos y policiales.
"La derecha quiere abrir el debate, pero el gobierno teme las consecuencias geopolíticas que podría tener una designación de terrorismo, ya que modificaría por completo la manera en que Estados Unidos puede intervenir en la región", explicó a TN el especialista Rafael Alcadipani, de la Fundación Getulio Vargas (FGV).
Por su parte, la socióloga Camila Nunes Dias, profesora de la Universidad Federal del ABC (UFABC), señaló que "estos grupos se originaron dentro de instituciones estatales y cárceles, y desde allí se expandieron a comunidades pobres, ejerciendo control armado sobre esos territorios en complicidad con fuerzas de seguridad".
El apoyo de EE.UU. y las presiones políticas
Según el diario Correio Braziliense, los contactos entre la derecha brasileña y el gobierno estadounidense se intensificaron desde mayo, cuando se realizó una reunión entre representantes del Departamento de Justicia de EE.UU. y del Ministerio de Seguridad Pública de Brasil. En ese encuentro, Washington advirtió sobre la supuesta presencia del Comando Vermelho y del PCC en 12 estados norteamericanos, y pidió a Brasilia que los declare terroristas por su presunto rol en operaciones de lavado de dinero.
Lula rechazó esa presión y mantiene su posición, especialmente en un contexto electoral: el mandatario ya anunció que buscará la reelección en 2026 y no quiere involucrarse en una estrategia impulsada desde el extranjero.
Incluso Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, celebró públicamente los ataques de EE.UU. contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico y los comparó con la situación brasileña. "¡Qué envidia! He oído que hay barcos como esos aquí en Río. ¿No te gustaría venir a ayudarnos a combatir a estas organizaciones terroristas?", escribió en X (ex Twitter) dirigiéndose al secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth.
Por qué Lula rechaza la etiqueta de "terrorismo"
El gobierno brasileño sostiene que las facciones criminales carecen de motivaciones ideológicas o políticas, por lo que no pueden ser consideradas terroristas. Desde el Palacio del Planalto, promueven como alternativa una reforma constitucional sobre Seguridad Pública, que refuerce la cooperación entre las fuerzas federales y estaduales sin alterar la actual legislación penal.
"Es un error clasificar a estos grupos como terroristas. No buscan tomar el poder ni desestabilizar al Estado, sino obtener lucro a través de mercados ilegales", explicó Nunes Dias. "Esa designación solo refleja desconocimiento o intereses externos que buscan socavar la soberanía nacional", añadió.
En cambio, el analista Gunther Rudzit, exconsejero en la embajada de Brasil en Washington, consideró que la negativa del gobierno "responde a una postura tradicional de la izquierda, que tiende a ver a los delincuentes como producto de las desigualdades sociales".
"Por eso la izquierda no acepta endurecer las penas ni catalogar a los criminales como terroristas", menciona el portal TN.
