El debate se realizó en medio de una huelga de hambre de un grupo de mujeres que exigen la liberación de sus familiares detenidos.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, sancionó este jueves una ley de amnistía que podría beneficiar a personas detenidas por razones políticas en el país. La iniciativa fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y se aprobó por unanimidad en medio de protestas y huelgas de hambre encabezadas por familiares de presos.
El texto, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, contempla a personas condenadas o procesadas en el marco de conflictos políticos ocurridos entre 2002 y 2025. Sin embargo, excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial del país. La norma deberá ser promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigencia.
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Según lo establecido, la amnistía podría alcanzar a dirigentes opositores, sindicalistas, estudiantes, activistas de derechos humanos, académicos y periodistas que hayan sido detenidos por motivos políticos durante los últimos años. También podría beneficiar a los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, actualmente privados de la libertad en Venezuela.
El Parlamento ya había dado media sanción al proyecto semanas atrás y, antes de su aprobación definitiva, mantuvo encuentros con organizaciones civiles y familiares de detenidos. No obstante, la discusión se demoró por desacuerdos en torno a un artículo que exigía que los beneficiarios se presentaran ante tribunales.
Organizaciones como Acceso a la Justicia cuestionaron algunos puntos del texto, al considerar que contiene ambigüedades y posibles conflictos de interés, ya que la ejecución de la amnistía quedaría en manos de los mismos órganos judiciales y fiscales señalados por denuncias de persecución política.
La ley abarca hechos ocurridos desde 1999, durante los gobiernos del chavismo, aunque delimita su aplicación a diez coyunturas políticas específicas, desde el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024.
El tratamiento de la norma coincide con un contexto de tensión política y con una huelga de hambre iniciada por familiares de detenidos frente a un comando policial en Caracas. De acuerdo con la ONG Foro Penal, actualmente hay 644 personas privadas de libertad por motivos políticos en el país.
