El celular de Sabag Montiel registró actividad en un shopping tras el atentado a CFK

La Gendarmería Nacional detectó una grave irregularidad en el manejo de pruebas tras el intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según un informe técnico incorporado a la causa, el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel registró actividad en el Abasto Shopping mientras el atacante ya se encontraba detenido en las inmediaciones del domicilio de CFK.

El hallazgo surge de un análisis forense realizado sobre el dispositivo, a partir de material remitido por el Tribunal Oral Federal, y fue incorporado a la investigación que encabeza la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El informe de extracción del teléfono fue elaborado el 27 de septiembre de 2022 por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la DATIP del Ministerio Público Fiscal.

Entre los datos más relevantes, se constató que a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022 —cuando Sabag Montiel ya había sido aprehendido desde las 21— el teléfono intentó conectarse a la red wifi del Abasto Shopping. Además, se registró otro evento a las 00:11 del 2 de septiembre, lo que pone en duda la cadena de custodia y el resguardo del dispositivo durante un lapso clave de la investigación.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, estos registros no habían sido detectados en análisis anteriores. Hasta ahora, los datos conocidos solo ubicaban el teléfono en la zona del Abasto antes del atentado, ocurrido la noche del 1 de septiembre de 2022.

Por el ataque contra CFK, en octubre pasado el Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte a penas de 10 y 8 años de prisión, respectivamente, mientras que Nicolás Carrizo fue absuelto.

La reconstrucción de los hechos indica que entre el atentado y el secuestro formal del teléfono transcurrieron más de tres horas sin resguardo técnico adecuado. Durante ese período, el aparato fue manipulado por distintos agentes de la Policía Federal Argentina y, en buena parte del tiempo, permaneció en poder del propio Sabag Montiel, quien no estuvo esposado de forma continua.

El secuestro formal del dispositivo recién se concretó a las 00:23 del 2 de septiembre, en la esquina de Juncal y Uruguay, cuando se confeccionó el Formulario Único de Cadena de Custodia. Hasta ese momento, no se había labrado un acta que describiera el estado físico o técnico del teléfono.

Del análisis de los 106 gigabytes de información extraídos del dispositivo surgieron otros movimientos llamativos, como la recepción de un correo electrónico vinculado a la red wifi del shopping, el acceso web a dicha red y la eliminación del mail asociado a la cuenta de Instagram del imputado, todos ocurridos mientras el acusado debería haber estado incomunicado.

Las inconsistencias en el procedimiento generaron contradicciones entre los testigos, quienes ofrecieron versiones dispares sobre si el teléfono estaba encendido, apagado, dañado o bajo custodia policial. A raíz de estas irregularidades, tanto personal de Gendarmería como testigos del secuestro denunciaron haber recibido amenazas.

El pasado 25 de marzo de 2025, la jueza Capuchetti reasumió la conducción de la causa, que había estado delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Carlos Rívolo, y amplió el alcance de la investigación. Además de la presunta connivencia de fuerzas de seguridad con el grupo conocido como "Los Copitos", la magistrada incorporó el análisis de las fallas en la preservación de pruebas y en los operativos para localizar a Brenda Uliarte.

En paralelo, a partir de datos aportados por empresas de telefonía, la Gendarmería detectó que el día del atentado Sabag Montiel se comunicó con personas vinculadas a la Universidad Nacional de San Martín.

Ante la confirmación de que el celular estuvo activo en el Abasto Shopping cuando su dueño ya estaba detenido, la Justicia ordenó profundizar la investigación para determinar quién tuvo el dispositivo durante ese lapso y qué ocurrió con la prueba en ese período crítico.