Así extorsionaron desde una cárcel al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, realizó un impactante anuncio este miércoles: siete presos habrían estado detrás de una extorsión al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida el pasado 16 de diciembre dentro de la Quinta de Olivos, donde prestaba servicio.

En una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva detalló que los implicados contactaron a la víctima mediante una aplicación de citas, utilizando un perfil falso bajo el nombre de "Julieta Ayelén Cardozo".

El esquema incluía apoyo externo, cuentas bancarias a nombre de terceros y una estructura aceitada que replicaba el mecanismo con distintas víctimas.

Gómez recibió en su celular un mensaje de voz femenino, exaltado y amenazante. "¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija. ¡Ya, me voy a hacer la denuncia!" Los investigadores identificaron este mensaje como el "audio del terror", diseñado para generar pánico inmediato y bloquear cualquier reacción racional. En segundos, la víctima pasaba de una conversación privada a la convicción de estar involucrada en un delito gravísimo.

No había madre, hija, ni denuncia alguna: era una escena montada desde una celda. Minutos después, llegó el segundo golpe. Otro audio, esta vez de un hombre que se presentó como funcionario policial. "Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra." La voz transmitía seguridad, utilizaba terminología técnica y afirmaba disponer de pruebas, conversaciones almacenadas y archivos recuperados. Advertía que, si no había contacto inmediato, el caso sería remitido a la fiscalía.

Nada de esto era real. Ni el nombre, ni el cargo, ni el área existían: todo formaba parte de la maniobra de engaño.

Gómez fue sometido a un hostigamiento constante. Recibía mensajes, llamadas y audios cada vez más intimidantes: le advertían que estaba al borde de la detención, que su nombre sería expuesto en redes sociales y medios, y que su carrera militar había terminado.

El análisis de otra grabación, correspondiente a una víctima diferente pero con idéntica modalidad, permitió reconstruir el mecanismo completo. Allí, el falso policía enumeraba delitos como pedofilia, trata de personas y delitos informáticos, mencionaba prisión efectiva y repetía que tenía "todas las pruebas" frente a sí. Luego instalaba la urgencia: "Tengo a la madre en la otra oficina haciendo un quilombo bárbaro. En 24 horas vas a quedar retenido." Si la víctima intentaba defenderse, la interrumpía: "No me tomés el pelo. Tengo el dispositivo en la mano." Finalmente, ofrecía una supuesta salida: "Yo te puedo sacar limpio de esta, pero va a tener un costo económico." Y lanzaba la frase central: "¿Para vos cuánto vale tu libertad?"

La exigencia inicial era de 500 mil pesos, luego negociaban, reducían el monto y aceptaban pagos en cuotas, con la condición de transferir el dinero de inmediato a través de billeteras virtuales o cuentas bancarias. "Entrá a tu cuenta y decime con cuánto contás." Si la cifra era considerada insuficiente, incrementaban la presión: "¿Para vos eso vale tu libertad? Me estás tomando el pelo."

Simultáneamente, la banda imponía el aislamiento: "Esto queda entre vos y yo. Ningún familiar, ninguna autoridad." Impedían hablar con terceros, consultar abogados o pedir ayuda. Si alguien preguntaba, la víctima debía mentir: "Decí que necesitás plata para las fiestas." También surgían amenazas directas: "Si me tomás el pelo, voy a tu casa y te meto en un calabozo." Todo respondía a un libreto preestablecido.

En el caso de Gómez, la investigación determinó que soportó durante semanas este circuito de hostigamiento: solicitudes de dinero, advertencias, amenazas de exposición pública y cárcel. Vivía pendiente del teléfono, temía perder su trabajo, su reputación y el vínculo con su familia. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes desesperados. En la carta que dejó antes de morir, mencionó el contacto por la aplicación y la presión recibida. Ese documento resultó clave para que la jueza Arroyo Salgado comprendiera que no se trataba de un hecho aislado, sino del desenlace de una extorsión sostenida.

La magistrada dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas e intervenciones simultáneas en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Así se estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.

El esquema incluía colaboradoras externas, principalmente mujeres, que prestaban sus cuentas bancarias para recibir las transferencias y redistribuir los fondos ilícitos. En total, fueron detenidas siete personas, entre ellas varios internos y al menos dos mujeres con roles logísticos dentro de la organización. Entre los arrestados estaban quienes gestionaban los perfiles, quienes simulaban ser policías y quienes administraban el dinero.

En la conferencia de prensa posterior a los operativos, la jueza Arroyo Salgado expuso los detalles de la investigación, destacó el trabajo técnico del equipo y advirtió sobre la gravedad de las estructuras criminales que operan desde el encierro. Junto a ella estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló directamente el problema del uso de celulares en prisión. "Todos sabemos lo que pasa en las cárceles, pero que en este caso llevaron a la muerte de un chico joven con toda la vida por delante. Y no nos tenemos que olvidar de esto. Un celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirles tener un arma en una celda", afirmó. 

Y agregó: "No se puede permitir en el Servicio Penitenciario Bonaerense ni en ninguna otra cárcel del país. No podemos permitir que quienes han delinquido sigan delinquiendo. Como dijo la doctora Arroyo Salgado, no se les puede permitir tener una pyme del delito adentro de la cárcel."