El juez federal Sebastián Casanello acusó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad de haber conformado una asociación ilícita.
ANDIS: la auditoría del Gobierno que fue clave para procesar a Diego Spagnuolo ANDIS: la auditoría del Gobierno que fue clave para procesar a Diego Spagnuolo
El juez Sebastián Casanello utilizó como prueba central una auditoría interna del Gobierno para avanzar con el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de una causa por presunto pago de coimas en la compra de insumos y medicamentos. Se trata del informe que el Ejecutivo había anunciado tras el estallido del escándalo, pero que recién ahora fue incorporado formalmente al expediente judicial.
La auditoría fue ordenada por el interventor Alejandro Vilches y abarcó el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El relevamiento analizó el funcionamiento institucional del organismo, los circuitos prestacionales, los mecanismos de control y los sistemas de información, y detectó múltiples irregularidades estructurales.
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Según el documento, existía una ausencia total de un sistema integral para el programa Incluir Salud, serias falencias en los procesos de compra, deficiencias en la gestión documental, falta de contratos con prestadores, inexistencia de manuales de procedimientos y debilidades en el control de expedientes y la trazabilidad de la información. Estas falencias, señala el informe, habrían sido aprovechadas para beneficiar a actores privados en perjuicio del Estado y de un servicio destinado a personas en situación de alta vulnerabilidad.
La investigación determinó que las decisiones no fueron improvisadas, sino tomadas "de manera consciente" por funcionarios con experiencia. Además de Spagnuolo, quedaron comprometidos otros exfuncionarios como Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
El informe también expuso que la selección de prestadores se realizaba de forma arbitraria, sin criterios claros ni registros formales. Se ocultaban procesos de contratación, antecedentes de proveedores y datos sobre capacidad operativa, lo que impedía controles efectivos sobre precios, entregas y posibles conflictos de interés.
Otro punto clave fue la existencia de un registro paralelo de proveedores manejado por la ANDIS, calificado por la fiscalía como "informal y opaco". A través de ese sistema, se habilitaba a empresas a contratar sin verificar su inscripción en el SICOPRO ni su idoneidad. Entre las firmas observadas figuran Indecomm SRL y Resposane Salud, vinculadas a Miguel Calvete, además de otras con registros incompletos o desactualizados.
La auditoría también reveló intercambios de correos electrónicos en los que se solicitaban altas de proveedores sin justificación alguna, y detalló que los procesos de adquisición simulaban formalidad mediante software, aunque las decisiones reales se tomaban de manera informal a través de mensajes por WhatsApp y Telegram.
Tras la difusión del escándalo, las comunicaciones internas comenzaron a canalizarse por correos oficiales, aunque para la Justicia las pruebas ya habían dejado en evidencia un esquema de graves irregularidades dentro del organismo, menciona el portal TN.
