Un tribunal de Nueva York dejó sin efecto la millonaria sentencia por la expropiación de la petrolera y rechazó los reclamos de accionistas minoritarios.
Las claves del fallo de EE.UU. que favoreció a la Argentina en el caso YPF Las claves del fallo de EE.UU. que favoreció a la Argentina en el caso YPF
En un fallo clave para el Estado argentino, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió dejar sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.
La decisión, adoptada por mayoría, revirtió parcialmente lo dispuesto en primera instancia por la jueza Loretta Preska y desestimó los principales planteos de los demandantes, quienes reclamaban una compensación por presuntos incumplimientos tras la estatización de la compañía.
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Los magistrados que votaron a favor del nuevo fallo consideraron que los reclamos de los accionistas no tienen sustento bajo la legislación argentina. Este punto fue determinante, ya que implica reconocer que la expropiación fue realizada conforme al marco legal vigente y con aprobación del Congreso Nacional.
En esa línea, el tribunal sostuvo que el estatuto de la empresa no puede interpretarse como un contrato que obligue al Estado frente a inversores privados. Por el contrario, lo definió como una herramienta de organización interna de la sociedad, sin capacidad para generar derechos indemnizatorios por supuestos incumplimientos.
Asimismo, los jueces remarcaron que el proceso de expropiación está regulado de manera integral por la normativa argentina específica, lo que excluye la aplicación de figuras contractuales como fundamento para demandas de este tipo. En consecuencia, tampoco existía la obligación de lanzar una oferta pública para adquirir las acciones de los socios minoritarios.
El fallo también descartó otros argumentos presentados por los demandantes, entre ellos el denominado "estoppel por promesa", al considerar que carecían de base jurídica suficiente.
La resolución representa un alivio significativo para la Argentina, ya que evita el pago de una suma multimillonaria a los fondos Petersen y Eton Park —respaldados por Burford Capital— y reduce el riesgo de eventuales embargos sobre activos estratégicos, como los vinculados al desarrollo energético.
El proceso judicial, que se extendió por más de una década en tribunales estadounidenses, tuvo su origen en la forma en que se llevó adelante la nacionalización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes cuestionaban no haber recibido el mismo trato que la empresa española Repsol, que sí fue compensada.
Si bien el fallo no fue unánime —ya que uno de los jueces votó en disidencia—, la decisión marca un giro relevante en el caso. A partir de ahora, la jueza Preska deberá adecuar su sentencia a lo dispuesto por la instancia superior.
Además, durante el proceso, la posición argentina recibió respaldo internacional a través de presentaciones de distintos países ante la justicia estadounidense, lo que reforzó la estrategia legal del Estado en uno de los litigios más relevantes de los últimos años.
