La Constitución, La justicia social y los límites de la desmesura de Milei

El fallo que declara inconstitucional parte de la reforma laboral no es solamente una noticia judicial ni un tecnicismo de abogados. Es, en realidad, un hecho político de enorme magnitud, porque vuelve a poner sobre la mesa una discusión central en la Argentina actual: hasta dónde puede avanzar un gobierno con su programa económico sin vulnerar derechos constitucionales y sin castigar a las mayorías sociales.

En democracia, ganar una elección no otorga poder ilimitado. Otorga la posibilidad de gobernar, pero dentro de la Constitución. Este principio, básico en cualquier república, parece olvidarse cuando desde el poder se intenta avanzar con reformas profundas que modifican derechos laborales, condiciones de trabajo y equilibrios sociales construidos durante décadas, muchas veces bajo el argumento de la eficiencia económica o la modernización.

Cuando la Justicia declara inconstitucional una ley aprobada por el Congreso, no está votando en contra de un gobierno ni sustituyendo la voluntad popular. Está recordando algo elemental: hay derechos que no dependen de una mayoría circunstancial, porque están protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Entre ellos, los derechos laborales.

Aquí aparece otra discusión que suele deformarse en el debate político argentino: la justicia social. La justicia social no es un invento del peronismo, ni siquiera es un concepto argentino. Es un principio universal reconocido por organismos internacionales y por el derecho laboral moderno. La propia Organización Internacional del Trabajo lo expresó con una frase histórica que sigue vigente: "sin justicia social no hay paz". No se trata de una consigna partidaria, sino de una conclusión histórica después de guerras, crisis económicas y conflictos sociales en todo el mundo.

Los derechos laborales nacieron justamente para equilibrar una relación naturalmente desigual entre el capital y el trabajo. No surgieron por capricho ideológico, sino para evitar abusos, explotación y conflictos sociales permanentes. Cada vez que en la historia se intentó avanzar sobre esos derechos de manera abrupta, el resultado fue conflicto social, desigualdad extrema y crisis políticas.

Por eso, lo que está en discusión hoy en la Argentina no es solo una reforma laboral, sino un modelo de sociedad. Si la economía debe organizarse en función de los mercados o en función de las personas. Si el crecimiento económico puede construirse sobre la pérdida de derechos o si debe construirse sobre la producción, el trabajo y la movilidad social.

Cuando un gobierno aplica políticas de ajuste muy profundas, desregulación extrema y reducción de derechos laborales, el problema ya no es solamente económico, sino político y social. Porque esas políticas no impactan sobre todos por igual: impactan principalmente sobre trabajadores, jubilados, sectores medios y sectores vulnerables. Es decir, sobre las mayorías sociales.

Y ahí aparece la idea de la desmesura. Gobernar no es aplicar teorías económicas en estado puro sin medir las consecuencias sociales. Gobernar es administrar tensiones, intereses y realidades sociales complejas. Cuando la política económica se vuelve dogma y pierde sensibilidad social, la democracia entra en zona de conflicto, porque las mayorías empiezan a sentir que el sistema trabaja en su contra y no para ellas.

El fallo judicial, en este contexto, no es solamente un fallo laboral. Es un límite institucional a la desmesura del poder político. Es el sistema republicano funcionando. Es la Constitución diciendo que la economía no puede organizarse ignorando la dignidad del trabajo y los derechos sociales.

La historia demuestra algo con claridad: las sociedades que destruyen derechos laborales pueden bajar costos en el corto plazo, pero generan desigualdad, conflicto y crisis en el largo plazo. Las sociedades que construyen desarrollo con inclusión social tardan más, pero son más estables, más justas y más democráticas.

Porque, en definitiva, el verdadero problema de un país no es discutir entre mercado o Estado, entre izquierda o derecha, entre liberalismo o peronismo. El verdadero problema es si la economía está al servicio de la sociedad o si la sociedad queda sometida a la economía.

Y esa es una discusión mucho más profunda que una reforma laboral. Es la discusión sobre qué país se quiere construir y para quién se gobierna de verdad.