Investigan presunta red de corrupción de menores con vínculos digitales y posibles conexiones internacionales

Una denuncia por un presunto caso de corrupción de menores sacude al sur de la provincia y abrió una investigación que ya escaló al fuero federal, ante la sospecha de que los hechos podrían estar vinculados a una red con alcance más allá de Tucumán e incluso del país.

La presentación judicial describe un esquema de captación que, si bien no es nuevo en delitos digitales, vuelve a encender alarmas: el contacto inicial con menores se daría a través de plataformas de juego online y aplicaciones de mensajería, donde se ofrecen beneficios virtuales para luego derivar en pedidos de material íntimo.

De acuerdo a lo expuesto ante el Ministerio Público Fiscal, una mujer acudió a la oficina de denuncias tras ser alertada por otra persona sobre la existencia de videos que involucraban a un menor de su entorno. Esa advertencia derivó en un encuentro en el que se le exhibió parte del contenido. Según su relato, el impacto fue inmediato y aseguró que desconocía por completo la situación hasta ese momento. Por cuestiones legales, no se difundieron identidades ni detalles del lugar.

Siempre según la denuncia, el material habría sido obtenido mediante maniobras de engaño y manipulación. Adultos se contactarían con menores dentro de entornos vinculados a videojuegos, ofreciendo recompensas como créditos o elementos digitales. Lo que comienza como un intercambio aparentemente inofensivo, luego escalaría hacia exigencias cada vez más graves.

La denunciante, asesorada por el abogado José Sánchez Martínez, indicó además que al acceder a parte del contenido pudo detectar conversaciones que evidenciarían la participación de otras personas, algunas fuera de la provincia. Incluso se mencionan contactos con prefijos internacionales, lo que reforzó la hipótesis de una estructura más amplia.

En un primer momento, la causa avanzó en la Justicia ordinaria, pero el fiscal interviniente, Jorge Echayde, planteó la incompetencia del fuero provincial y solicitó su pase a la órbita federal. El pedido fue avalado por el juez Roberto Flores, quien entendió que podrían existir implicancias interjurisdiccionales.

En la resolución, fechada el 1 de abril, se argumenta que la posible afectación de bienes jurídicos de alcance amplio y la eventual participación de personas radicadas en otras provincias o países justifican la intervención federal. De este modo, el expediente quedó bajo la órbita del juzgado federal de turno en Tucumán, con intervención del fiscal Rafael Vehils Ruiz y del juez Guillermo Díaz Martínez.

El caso pone nuevamente el foco en una problemática creciente: el uso de videojuegos y redes sociales como puerta de entrada para prácticas de grooming y explotación infantil. Investigaciones previas en distintos puntos del país han demostrado cómo adultos se infiltran en comunidades virtuales frecuentadas por menores para generar vínculos de confianza y luego avanzar hacia conductas delictivas.

Especialistas en delitos informáticos advierten que la combinación de anonimato, acceso masivo y la lógica de recompensas digitales facilita este tipo de maniobras, especialmente cuando los destinatarios son niños y adolescentes.

Mientras la causa se encuentra en una etapa inicial y bajo estricta reserva, la Justicia buscará reconstruir el circuito de comunicaciones, identificar a los responsables y determinar si efectivamente se trata de una red organizada. En paralelo, se prevé la implementación de medidas de contención y protección para los menores involucrados.

El avance de la investigación vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar la prevención, el control y la educación digital frente a delitos que, cada vez más, se desarrollan en entornos virtuales y trascienden fronteras, detalla La Gaceta.