La Casa Rosada busca avanzar con proyectos que quedaron fuera del último paquete legislativo. Entre las iniciativas aparecen modificaciones en competencia, sociedades, juicio por jurados y regulaciones económicas.
El Gobierno prepara una nueva ola de reformas para junio con foco en desregulación y cambios judiciales El Gobierno prepara una nueva ola de reformas para junio con foco en desregulación y cambios judiciales
El Gobierno nacional trabaja en una nueva etapa de reformas legislativas que prevé enviar al Congreso durante junio, luego de que varias iniciativas quedaran excluidas del último paquete impulsado por la administración de Javier Milei. La agenda incluirá propuestas vinculadas a desregulación económica, cambios societarios, defensa de la competencia y la implementación del juicio por jurados en el ámbito federal.
En la Casa Rosada aseguran que el cronograma terminará de definirse en los próximos encuentros políticos del oficialismo. La discusión será encabezada por referentes clave del Gobierno, entre ellos Santiago Caputo y Martín Menem, quienes volverán a reunirse tras las tensiones internas de los últimos días.
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El paquete legislativo más reciente había quedado reducido a cuatro iniciativas: el denominado Super-RIGI, la regulación de la gestión de intereses, proyectos vinculados a la ludopatía y modificaciones sobre alimentación saludable. Sin embargo, el Ejecutivo decidió postergar para una segunda etapa los cambios más profundos, muchos de ellos con impacto directo sobre empresas, sectores regulados y el funcionamiento judicial.
Entre los proyectos que ahora buscan reactivar figura la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. Según trascendió, el Gobierno pretende limitar la intervención estatal en casos de empresas dominantes cuando las discusiones se centren exclusivamente en precios elevados, concentrando el control en conductas destinadas a excluir competidores o restringir el ingreso de nuevos actores al mercado.
Además, el borrador contempla elevar los umbrales de revisión para fusiones y adquisiciones, lo que implicaría que menos operaciones privadas deban pasar por controles previos de la autoridad competente. Desde el oficialismo argumentan que el objetivo es agilizar trámites y concentrar el monitoreo en operaciones de mayor impacto económico.
Otro de los capítulos en preparación apunta a modernizar la Ley General de Sociedades, vigente desde 1972. La propuesta incluiría herramientas para facilitar la creación de empresas y flexibilizar estructuras societarias. Entre los cambios analizados aparece la posibilidad de constituir sociedades de responsabilidad limitada con un solo integrante, una figura que actualmente no existe en ese formato.
También se estudian mecanismos para incorporar sistemas de "stock options", permitiendo que empleados y proveedores participen del capital accionario como incentivo empresarial, una modalidad frecuente en startups y compañías tecnológicas. A su vez, el Gobierno analiza alternativas para simplificar la salida de socios minoritarios desvinculados de la actividad de las firmas.
En paralelo, el Ministerio de Justicia trabaja sobre un proyecto de juicio por jurados para delitos federales con penas superiores a cinco años de prisión. El esquema en análisis prevé jurados compuestos por 12 ciudadanos titulares y suplentes, con representación equilibrada entre hombres y mujeres.
La iniciativa propone que el jurado determine la culpabilidad o inocencia del acusado basándose en las pruebas presentadas durante el juicio, sin necesidad de fundamentar públicamente su decisión. Mientras sus impulsores sostienen que se trata de una deuda constitucional pendiente y un mecanismo de mayor participación ciudadana, sectores críticos advierten sobre posibles complicaciones en causas complejas y sobre el costo operativo para el sistema judicial.
El paquete de desregulación económica es otro de los ejes centrales de la nueva agenda oficialista. Allí se incluyen modificaciones vinculadas al transporte fluvial y cabotaje, mercado inmobiliario, seguros y mercado de capitales.
Uno de los puntos más sensibles es la intención de flexibilizar el régimen de navegación y transporte de cargas por vías fluviales. El Ejecutivo considera que las restricciones actuales encarecen costos logísticos y limitan alternativas para sectores productivos estratégicos. No obstante, el tema ya genera resistencia en sindicatos marítimos y empresas del sector.
En el área inmobiliaria, la discusión gira en torno a los requisitos y regulaciones para la intermediación en alquileres y compraventas. En tanto, en el mercado asegurador el Gobierno pretende otorgar mayor libertad a las compañías para diseñar productos sin tantas autorizaciones previas del Estado.
La Casa Rosada buscará ordenar esta nueva etapa legislativa mientras mantiene abiertos otros frentes de discusión, como la reforma electoral, acuerdos financieros internacionales y proyectos vinculados a propiedad privada. Entretanto, la reforma integral del Código Penal continúa demorada por diferencias internas dentro del oficialismo.
