Condena firme a Cristina: el kirchnerismo se moviliza mientras se define si irá a Comodoro Py

La confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner —que además la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos— sacudió al peronismo y reconfiguró el tablero político en plena campaña electoral. Ante este escenario, el kirchnerismo convocó a una masiva movilización para este miércoles 18, fecha en la que, según anticipó la propia expresidenta, se presentará en Comodoro Py para cumplir con lo dispuesto por la Justicia.

Sin embargo, en las últimas horas crecieron las versiones sobre una posible definición anticipada de la prisión domiciliaria, lo que evitaría que Kirchner tenga que concurrir personalmente a los tribunales. Incluso, el propio juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, reconoció que esa posibilidad está siendo considerada.

Según esta alternativa, la notificación podría concretarse mediante una audiencia virtual entre las partes, posiblemente el martes, a través de la plataforma Zoom. Esta modalidad iría en línea con un pedido formal de la defensa de la exmandataria, que planteó que el traslado hasta Comodoro Py implicaría un "desgaste innecesario" del Estado por el operativo de seguridad que demandaría.

No obstante, fuentes judiciales cercanas al TOF 2 sostienen que la resolución final probablemente se conocerá el mismo miércoles, cuando vencen los cinco días hábiles establecidos por el juez para responder al pedido de prisión domiciliaria.

Ofensiva judicial internacional

Mientras se espera la definición local, Cristina Kirchner ya presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional y prepara una estrategia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de impugnar la sentencia argentina y habilitar su candidatura electoral.

Según trascendió, la defensa de Kirchner argumentará ante organismos internacionales que su condena violó principios fundamentales como el derecho al juez natural, la imparcialidad del tribunal, el debido proceso, y denunciará una presunta coordinación entre sectores judiciales y medios de comunicación, en el marco de un caso de lawfare.

Uno de los antecedentes que presentarán será el caso Gustavo Petro vs. Colombia: el actual presidente colombiano fue inhabilitado por la Justicia de su país, pero la CIDH dictó una medida cautelar que le permitió presentarse como candidato. Ese precedente será clave en el pedido de la exmandataria para que se suspenda la sentencia que la inhabilita y así postularse, en principio, como candidata a la Legislatura bonaerense, detalla Todo Noticias.