La causa quedó ahora en manos del Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la secretaria Lucía Ochoa, que buscan identificar a la persona responsable del llamado.
Falsa alarma de bomba en la Quinta de Olivos: se activó el protocolo de seguridad Falsa alarma de bomba en la Quinta de Olivos: se activó el protocolo de seguridad
Una falsa amenaza de bomba en la Quinta Presidencial de Olivos activó este lunes un operativo especial de seguridad por parte de la Policía Federal Argentina, tras una llamada anónima al 911. Luego de la inspección completa del lugar, las autoridades descartaron la presencia de explosivos y confirmaron que se trató de una intimidación sin fundamentos reales.
La denuncia ingresó a la central de emergencias cerca de las 12:30, cuando una mujer advirtió sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en el predio ubicado en Vicente López, donde reside el presidente Javier Milei.
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De inmediato, se movilizó a la brigada de explosivos y a personal especializado de la División de Delitos Constitucionales, que realizaron una inspección minuciosa interna, externa y perimetral del lugar. El resultado fue negativo: no se halló ningún dispositivo explosivo.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la amenaza fue totalmente infundada y que no hubo riesgo real para el Presidente ni para el personal presente en la residencia.
La causa quedó ahora en manos del Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la secretaria Lucía Ochoa, que buscan identificar a la persona responsable del llamado. Se investiga el delito de infundir temor público, que contempla penas de dos a seis años de prisión.
Aunque todas las amenazas hasta ahora han sido falsas alarmas, las autoridades no minimizan el impacto de estos hechos, que generan temor en la población, paralizan servicios clave y obligan a movilizar recursos públicos para garantizar la seguridad.
Desde el Gobierno y la Justicia se trabaja para dar con los responsables y enviar un mensaje claro: infundir miedo con denuncias falsas es un delito grave y tendrá consecuencias penales, detalla el portal de Infobae.
