Procesaron a gomero loretano en red internacional de pornografía infantil que incluía a 36 argentinos

Un gomero loretano ha sido detenido y procesado por la Justicia Federal de Buenos Aires, sindicado de conformar una red internacional que ofrecía, facilitaba, comercializaba, divulgaba y distribuía material de contenido sexual explícito de menores de 13 años.

Se trata de "L.M.M.", cuya vivienda ha sido allanada en mayo pasado por efectivos de la Policía Federal de Santiago del Estero, vía exhorto remitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6, a cargo de María Alejandra Provitola.

Según la investigación, todo comenzó con la pandemia. Una mujer, de Buenos Aires, mantuvo relaciones sexuales con el vecino, Santiago Méndez, y después éste habría comenzado a extorsionarla. Ella lo denunció y el sujeto terminó condenado ahora a 7 años de prisión.

En los dispositivos incautados, los federales hallaron una carpeta especial y curiosa. Era un grupo de Whatsapp denominado "Friend's". Contenía, más de 190 archivos de imágenes y 304 archivos de video con producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Un arsenal

A sabiendas, o no, la investigación estableció la estructura a la cual quedó pegado el santiagueño. Con el nombre "Berenjena", la aplicación albergaba a 287 participantes de los cuales, 251 contenían prefijos internacionales: habría sujetos de Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, India, Italia, Malasia, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Reino Unido y Venezuela.

Por la Argentina, hay 36 personas salpicadas e imputadas, entre ellas el loretano "L.M.M.". Hasta ahora, la jueza ha sacado a la luz 190 archivos de imágenes y 304 de videos con material de contenido sexual explícito con menores. Ningún abuso habría sido consumado en nuestro país.

Como sea, los expertos hicieron un estudio del material: de los 36 argentinos abonados, 20 han sido considerados de especial relevancia por su nivel de participación o el tiempo de permanencia en el canal. Todos están identificados y numerados.

Alertada, la jueza Provitola concretó allanamientos y detenciones durante mayo. Han sido ejecutados 20 operativos: 9 en domicilios del AMBA y 11 en Córdoba, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.

El loretano hoy se encuentra alojado en la Policía Federal, a espera del resultado de las apelaciones de sus abogados defensores, Aída Farrán Serlé, Hernán Meleán y el porteño, Mariano Gómez.

Nadie puede aventurar nada. Pero los expertos arriesgan en que si alguno es excarcelado, la investigación se debilitaría y arribaría frágil al juicio oral.

Allanamiento en Loreto y secuestro de dispositivos

En el allanamiento en la ciudad de Loreto, los federales habrían secuestrado celulares y dispositivos, elementos tecnológicos que ahora son analizados por los federales de Buenos Aires.

De todos modos, con lo obtenido en casa del administrador bastó y sobró para el procesamiento, en mayo pasado. Del mismo modo, los otros argentinos quedaron pegados a la causa y permanecen detenidos.

Ahora, sus defensas batallan tras las excarcelaciones, falta de mérito y planes C, arrestos domiciliarios grupales. La próxima decisión, potestad de un tribunal superior, asoma muy compleja.

"Terminó asqueado y salió del grupo", reveló su abogada

"Nuestro representado desconoce cómo terminó en ese grupo. Le llegó una solicitud de un administrador y por obra de la tecnología, podría decirse que el santiagueño ha quedado cautivo", indicó su abogada, Aída Farrán Serlé.

"Él (por el loretano detenido) nos dijo que al ver las imágenes terminó asqueado y salió del grupo a los dos días". Pero para entonces, "ya había una compleja investigación en curso", destacó.

Profundizó la letrada: "Ya ha sido procesado por la Justicia Federal de Buenos Aires y hemos apelado la decisión".

Los cargos son, "asociación ilícita", "producción, financiación, ofrecimiento, distribución, facilitación, divulgación y comercialización de material de abuso sexual infantil", y "tenencia de dicho material con fines inequívocos de comercialización y distribución, en forma reiterada y agravada por tratarse las víctimas de niños y niñas menores de 13 años".