Tercera y última parte.Por: Eduardo Lazzari, historiador.
Los grandes jueces de la Corte Suprema: de la restauración democrática hasta hoy Los grandes jueces de la Corte Suprema: de la restauración democrática hasta hoy
Este año 2025 significa para la Argentina un ciclo de 42 años de vigencia de la Constitución Federal de 1853 y sus reformas que debe ser conmemorado y celebrado. En este período que comienza en 1983, en que el país fue gobernado por diez presidentes, pasaron por la Corte 23 ciudadanos, completando así la cantidad de 111 jueces que ocuparon los sitiales del máximo tribunal desde 1862. Fueron 9 los jueces que presidieron la Corte desde el advenimiento de la democracia hasta hoy.
Tres presidentes argentinos de este tiempo no nombraron jueces en el tribunal supremo: Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá y Cristina Fernández de Kirchner. Se aumentó y se redujo el número de integrantes según la coyuntura política. Se produjeron renuncias, muertes y destituciones por juicios políticos. Y como en aquella primera Corte de 1862, dos de sus miembros fueron constituyentes nacionales: Salvador María del Carril y José Benjamín Gorostiaga en 1853, y Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti en 1994.
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La Corte de la Restauración de la República
Uno de los propósitos más significativos que Raúl Alfonsín estableció durante su campaña electoral, que lo llevó a la primera magistratura del país el 10 de diciembre de 1983, fue la idea de recuperar el derecho como fuente de legitimidad y de concordia entre los argentinos. El recitado del preámbulo de la Constitución Nacional con el que el líder radical terminaba sus discursos se convirtió en el símbolo de que la recuperación del país tenía que empezar por el respeto a la Carta Magna desde sus primeras frases.
La conformación de la Corte Suprema de Justicia se convirtió, en ese clima de restauración, en una prueba que el novel presidente debía superar. En una decisión política de alto vuelo, Alfonsín propuso informalmente al candidato que había derrotado en las elecciones de octubre de 1983, el justicialista santafesino Ítalo Argentino Luder, ocupar uno de los sitiales del máximo tribunal, a pesar de la gran divergencia jurídica que habían tenido respecto de la legalidad de la ley de "autoamnistía" que los militares habían sancionado en septiembre de ese año. Luder rechazó el convite confiando en que su trayectoria política no había acabado, aunque el futuro sólo le deparó ser diputado nacional un par de años y convertirse en el primer ministro de Defensa del presidente Carlos S. Menem.
En un gesto de imparcialidad, Alfonsín propuso a juristas reconocidos en el foro, en la academia y en los tribunales no vinculados al partido de gobierno, la Unión Cívica Radical. Fueron propuestos al Senado Genaro Rubén Carrió, un entrerriano filósofo del derecho; Carlos Santiago Fayt, académico salteño de ideas socialistas; José Severo Caballero, cordobés especializado en derecho penal y de larga trayectoria tribunalicia; Enrique Santiago Petracchi, porteño dedicado toda su vida a la carrera judicial y de simpatía peronista; y Augusto César Belluscio, un porteño dedicado al derecho de familia, de ideas radicales y el único juez de esa Corte que aún vive, con 95 años.
El Senado prestó acuerdo unánime y el 21 de diciembre de 1983 la Corte comenzó a sesionar en forma ininterrumpida hasta hoy, aunque con avatares que merecen ser recordados para la historia. Alfonsín dejó en manos de los jueces el nombramiento su presidente, cargo que recayó en Carrió, que lo ejerció hasta su renuncia en abril de 1985, cuando fue reemplazado como juez por el porteño Jorge Antonio Bacqué. En la tradición de los gobiernos radicales, no hubo interferencias entre los poderes del estado.
Los tumultuosos tiempos de la presidencia de Menem
El final de la presidencia de Alfonsín estuvo marcado por la crisis económica que desembocó en hiperinflación y que puso de manifiesto algunas antigüedades formales de la Constitución de 1853, sobre todo el largo tiempo establecido entre las elecciones presidenciales y la asunción del nuevo mandatario: seis meses. en los tiempos en que las carretas tardaban ese tiempo entre las capitales provinciales y Buenos Aires. El adelantamiento del traspaso de mando al 8 de julio de 1989 fue causado por el vacío de poder que la derrota del candidato radical Eduardo Angeloz produjo en el gobierno nacional, a pesar del milagroso 38% de votos que obtuvo el cordobés.
El gobierno de Menem no tuvo una buena relación con esa Corte, pero a instancias de su ministro de Justicia León Arslanián, abogado de prestigio que había sido integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares en 1985, decidió aumentar los miembros de la Corte para garantizar que las reformas económicas que proponía el gobierno no tuvieran freno en la justicia. Así Menem pudo transitar amablemente por los tribunales el proceso de privatizaciones de empresas públicas y desregulación de la economía.
El gobierno logró la aprobación del Congreso de la ley N° 23.774 del 11 de abril de 1990, que llevó a 9 a los jueces de la Corte, además de una leve reforma de los Códigos Procesales en lo Civil y en lo Comercial. Ese día renunció Bacqué en desacuerdo con la ampliación, declinación que sumada a la de Caballero producida en septiembre de 1989 permitió a Menem el nombramiento de seis jueces, que fueron conocidos desde entonces como la "mayoría automática" por su afinidad con las políticas gubernamentales.
Fue así que en abril de 1990 se incorporaron a la Corte Suprema el riojano Julio Salvador Nazareno, antiguo socio del bufete de los hermanos Carlos (presidente) y Eduardo Menem (presidente provisional del Senado); el platense Julio César Oyhanarte (de regreso a la Corte); los porteños Mariano Cavagna Martínez, que migró desde la Corte de la Provincia de Buenos Aires, hombre de paladar peronista; Eduardo Moliné O'Connor; Rodolfo Carlos Barra, que renunciaría para asumir como ministro de Menem en 1994; y Ricardo Levene (h), también regresado a la Corte.
A pesar de que el pacto de Olivos entre el justicialismo gobernante y el radicalismo opositor, que permitió una reforma constitucional acordada en 1994, había acordado la renuncia de algunos jueces de la Corte, Levene se resistió hasta fines de 1994. Su vacante junto con la de Barra fueron cubiertas por dos abogados afines al gobierno: Adolfo Vázquez y Guillermo López. La vacante por la renuncia de Cavagna Martínez había sido ocupada por Gustavo Bossert en 1994.
El siglo XXI: juicios políticos y tensiones institucionales
Vale destacar que tres jueces desde 1983 se mantuvieron en sus sitiales durante más de dos décadas, algo inédito hasta entonces en la Corte Suprema: Belluscio, que duró 22 años dejando su cargo en 2005, Petracchi, juez durante 31 años renunciando en 2014 y Fayt que se fue por su voluntad a fines de 2015 siendo el más duradero de la historia (32 años) y el más longevo (97 años). La crisis política, económica y social de fines de 2001 dio lugar a la toma de decisiones polémicas por parte de los gobiernos que sucedieron a De la Rúa, por ejemplo, la cesación de pagos del país dispuesta por Adolfo Rodríguez Saá y la devaluación con pesificación asimétrica sancionada por Eduardo Duhalde.
Los tribunales se llenaron de demandas de particulares y empresas que se consideraron damnificadas, y el temor era que la Corte Suprema revirtiera algunas decisiones políticas como el corralito. Eso hizo que la relación entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo transitara por una de las más críticas etapas en la historia. Existen crónicas, muchas de ellas de imposible comprobación, sobre las presiones que ambos poderes enfrentados ejercieron el uno sobre el otro en aquellos tiempos de imposible olvido.
En diciembre de 2002 renunció Bossert, y el presidente Duhalde nombró al cordobés Juan Carlos Maqueda como su reemplazante. Luego de la asunción de Néstor Kirchner, quien acabó con los acuerdos entre oficialismo y oposición, el santacruceño emprendió un ataque contra la Corte Suprema con la misma metodología que el presidente Juan Domingo Perón había llevado adelante en 1947: presión mediática y juicio político contra los jueces de la llamada "mayoría automática".
Debido a la resistencia de la oposición, no prosperaron los pedidos de juicio contra los veteranos del tribunal: Fayt, Belluscio y Petracchi, y el novel Maqueda. Tres de los enjuiciados decidieron renunciar en distintos momentos: Nazareno y López en 2003; y Vázquez en 2004. Los juicios políticos a Moliné O'Connor y a Boggiano siguieron su curso por separado y por segunda vez en la historia argentina fueron destituidos por un gobierno peronista jueces del máximo tribunal: Moliné en 2003 y Boggiano en 2005. Belluscio se retiró también en este último año
El Congreso sancionó el 15 de diciembre de 2006 la ley 26.183 que dispuso volver al número histórico de 5 miembros con una etapa de 7. Kirchner comenzó a nombrar nuevos jueces con acuerdo del Senado: Eugenio Zaffaroni en octubre de 2003, las dos primeras mujeres en tiempos democráticos Elena Highton de Nolasco en junio de 2004 y Carmen Argibay en febrero de 2005, y Ricardo Lorenzetti desde diciembre de 2004. Esto hizo que la Corte funcionara con siete integrantes hasta las renuncias de Petracchi y Zaffaroni, la muerte de Argibay en 2014, a lo que se suma la renuncia de Fayt al día siguiente del fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner el 11 de diciembre de 2015.
La Corte sólo tenía tres miembros cuando llegó al poder el presidente Mauricio Macri, quien en un gesto de autoridad que provocó grandes polémicas, intentó nombrar dos jueces en comisión, tal como había ocurrido en 1862 por única vez en la historia, pero fracasó y debió enviar los pliegos de sus elegidos al Senado, que los aprobó durante 2016, incorporándose el santafesino Horacio Daniel Rossati y el porteño Carlos Rosenkrantz. Las renuncias de Highton de Nolasco en 2021 y de Maqueda en 2024 dejó nuevamente en tres los jueces de la Corte. El actual primer mandatario Javier Milei intentó lo mismo que Macri con el nombramiento en comisión de Alfredo Lijo y Manuel García Mansilla, pero por primera vez en la historia los pliegos fueron rechazados.
Esta es una historia que sigue escribiéndose y mientras ello siga ocurriendo, es una buena señal de la salud de las instituciones de la República.
