El concejal involucrado no brindó declaraciones públicas sobre la acusación y, según medios locales, su defensa aún no ha tenido acceso al expediente que tramita en el Juzgado de Instrucción interviniente.
Un concejal fue apartado de su cargo por una acusación de acoso sexual Un concejal fue apartado de su cargo por una acusación de acoso sexual
Un concejal de la localidad misionera de Olegario V. Andrade fue apartado de sus funciones por un período de tres meses luego de que la familia de dos adolescentes presentara una denuncia penal en su contra por presunto acoso sexual, en un caso que generó alarma entre los vecinos de la comunidad.
El hecho, que se investiga desde principios de este mes, tuvo lugar el sábado 3 de enero por la mañana, cuando las dos jóvenes, de 14 y 16 años, salieron a hacer compras en una carnicería de la zona. Según la denuncia formalizada ante la policía, el funcionario se acercó a las adolescentes, las elogió diciéndoles que estaban "muy hermosas" y les propuso salir a tomar un helado en la localidad vecina de Cerro Azul.
También te puede interesar:
La situación escaló cuando, ante la negativa de las menores y la respuesta de la mayor de que debía pedir permiso a sus padres, el concejal insistió y llegó a ofrecerles un terreno como incentivo para que aceptaran el paseo. Ante estos hechos, la madre de las adolescentes radicó la denuncia por hostigamiento y acoso sexual en la Unidad Regional VI.
La familia sostiene que no sería la primera vez que el funcionario adopta actitudes similares hacia las jóvenes, por lo que decidió no solo presentar la denuncia sino también dar a conocer públicamente lo ocurrido para alertar a otros habitantes de la localidad.
Tras la apertura de la causa, el municipio decidió suspenderlo preventivamente por tres meses mientras avanza la investigación y se evalúan las medidas judiciales correspondientes. Hasta el momento no se ha ordenado su detención ni se ha dispuesto una imputación formal.
El padre de las adolescentes cuestionó además la efectividad de la restricción de acercamiento que se dictó a favor de sus hijas, que abarca 300 metros y fue firmada por la Policía sin intervención judicial. "En un pueblo chico, esos 300 metros no protegen a nadie", afirmó, al tiempo que expresó su preocupación por la sensación de inseguridad que viven las jóvenes tras lo sucedido.
