Fundación pide que liberen a Agostina Páez y el Estado brasileño también la denunció

Los días pasan y la situación de Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Brasil acusada de injuria racial, se complica. Ayer la Fiscalía se sumó a las denuncias que hay en su contra mientras que una ONG pidió su liberación inmediata.

La influencer lleva más de 20 días retenida en Río de Janeiro, con tobillera electrónica y sin posibilidad de para regresar al país para continuar aquí con el proceso judicial. Luego de conocerse el pedido de prisión preventiva, trascendió que la Fiscalía también la denunció.

En paralelo a ello, autoridades de la Fundación Apolo reclamaron la intervención de la Cancillería Argentina, entendiendo que la imputación fue desproporcionada al no contar con una condena firme por el cargo de injuria racial.

A través de un comunicado desde la ONG sostienen que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como advierte que la medida restrictiva fue adoptada sin evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, ni se consideró la condición de mujer extranjera de la imputada.

Se destacó la existencia de registros fílmicos previos a la reacción de Páez, donde uno de los empleados del establecimiento hizo gestos obscenos dirigidos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue debidamente ponderada por las autoridades.

En ese sentido, se sostuvo que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, por tanto, su posterior reacción sería descontextualizada, lo que invertiría los roles de víctima y victimaria.

Además la fundación también cuestionó el uso del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas con fines de "ejemplaridad", al difundir imágenes o mensajes en redes sociales oficiales que, reforzarían una lógica de estigmatización y "mano dura" incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

La entidad pidió que la Cancillería ejerza activamente la protección consular junto a la posibilidad de un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a la Argentina.

En paralelo a ello, la justicia de Río de Janeiro avanzó en la causa —la cual comenzó el pasado 16 de enero tras un incidente en un bar de Ipanema— y por ello el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de la influencer entendiendo que "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y consideró que tuvo una conducta "discriminatoria y ofensiva".

Según revelan los medios brasileños, la demanda de la Fiscalía se basó en los testimonios de los empleados del local, que fueron respaldados por testigos y por imágenes de las cámaras de seguridad incorporadas a la causa.

El Ministerio Público además, en la últimas horas rechazó el descargo de la acusada, quien sostuvo que se trató de una "broma" entre amigas, luego del cruce que mantuvo con empleados del local bailable esa noche, a los que acusó de haberles cobrado consumos de más y de haberles realizado gestos obscenos, algo que también se vio en un video que circuló hace días.

Para los fiscales que están a cargo de la causa, la versión de la letrada santiagueña no se sostiene con las pruebas reunidas.