El proyecto será enviado al Congreso y propone una transformación profunda del régimen societario. Incluye menos intervención estatal, mayor flexibilidad para los socios, digitalización total de los trámites y el reconocimiento legal de empresas operadas con inteligencia artificial.
El Gobierno busca reformar la Ley de Sociedades para dar más libertad a las empresas y reducir controles El Gobierno busca reformar la Ley de Sociedades para dar más libertad a las empresas y reducir controles
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen de sociedades comerciales vigente en Argentina. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a simplificar la creación y el funcionamiento de las empresas, reducir requisitos burocráticos y ampliar la libertad de los socios para definir las reglas internas de sus compañías.
La propuesta fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el texto ingresará este viernes al Parlamento para iniciar su tratamiento legislativo.
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Desde el oficialismo aseguran que la reforma busca modernizar una normativa que consideran desactualizada y excesivamente rígida. En esa línea, el ministro Federico Sturzenegger sostuvo que el proyecto reemplaza un esquema basado en controles y restricciones por otro centrado en la autonomía de los privados y la libertad contractual.
Uno de los cambios más relevantes es que las disposiciones de la ley dejarán de ser obligatorias en muchos aspectos y pasarán a tener carácter supletorio. Esto significa que las cláusulas establecidas por los socios en el estatuto de cada empresa prevalecerán sobre las reglas generales, salvo en situaciones excepcionales previstas por la normativa.
La iniciativa también elimina varias exigencias vinculadas a la inscripción y organización de las sociedades. Entre ellas, se flexibiliza la definición del objeto social, permitiendo que una misma empresa pueda desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que estén relacionadas entre sí. Incluso, si el estatuto no especifica un objeto determinado, se considerará habilitada para realizar cualquier actividad lícita.
Otro de los puntos destacados es la incorporación de instrumentos de inversión convertibles, una herramienta que permitirá a inversores aportar capital a una empresa sin adquirir inmediatamente la condición de socio. La participación societaria podrá concretarse más adelante, si así lo decide el inversor, lo que busca facilitar la llegada de financiamiento para emprendimientos y proyectos de crecimiento.
El proyecto también contempla la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y establece que los mandatos de directores y síndicos podrán extenderse por tiempo indeterminado, salvo que los propios socios dispongan otra cosa en el estatuto.
En materia de reorganización empresarial, se simplifican los procesos para los grupos económicos. Cuando una sociedad controle el 100% del capital de otra compañía, podrá absorberla directamente mediante una decisión administrativa, sin necesidad de realizar trámites adicionales o convocar múltiples instancias societarias.
Además, la iniciativa avanza sobre la digitalización integral de las empresas. Se habilitará el uso de domicilios electrónicos, registros digitales, libros societarios online, asambleas virtuales y la constitución de compañías mediante firma digital o electrónica.
Entre las novedades más innovadoras figura el reconocimiento legal de las denominadas sociedades automatizadas, organizaciones capaces de operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para sus tareas habituales. Estas empresas podrán desarrollar actividades comerciales y responderán únicamente con su propio patrimonio en caso de generar daños o incumplimientos.
La reforma también incorpora a las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras que funcionan total o parcialmente mediante tecnología blockchain y sistemas de participación a través de tokens digitales. Tanto las sociedades automatizadas como las DAO contarán con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada.
Otro aspecto novedoso es que las empresas podrán establecer mecanismos alternativos para resolver conflictos internos. Los socios tendrán la posibilidad de acordar la aplicación de legislación extranjera o recurrir a tribunales arbitrales privados, evitando en determinados casos los procesos de la justicia ordinaria.
Con este proyecto, el Gobierno apuesta a crear un marco regulatorio más flexible y adaptado a las nuevas formas de organización empresarial, con el objetivo de reducir costos administrativos, acelerar trámites y generar condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo de nuevos negocios en el país.
