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Dos fiscales investigan estafa con promesa de casas del Ipvu

02/05/2019 00:17 Policiales
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Dos fiscales investigan estafa con promesa de casas del Ipvu Dos fiscales investigan estafa con promesa de casas del Ipvu

Un futuro sombrío contemplaría

la gestora, detenida

en la Capital por supuesta

estafa, al invocar influencias

del Ipvu para beneficiar

con viviendas de manera

ilegal, ya que ascenderían

a diez las denuncias en su

contra y desde hoy una fiscal

bandeña instruiría también

otra serie de presentaciones.

Se trata de Eve Luz Díaz,

con residencia en B° Las

Moras, detenida la semana

pasada tras la denuncia de

la paramédica Rita Antonella

Toloza y de Sara Ayuch

Tarchini, asesora Legal y

Técnica del Ipvu.

Ambas denuncias enrostraron

a Díaz una supuesta

‘defraudación’, acusándola

de haber solicitado dinero

para acelerar trámites

a familias que esperan una

casa.

Urgente, la fiscal Celia

Mussi pidió la detención,

refrendada por el juez de

Control y Garantías, Fernando

Paradelo.

Esa misma jornada, una

comisión de Delitos Económicos

apresó a Díaz en su

casa del B° Las Moras.

Ya ratificó la denuncia la

supuesta damnificada y mañana

es esperado, en la Fiscalía,

personal del Ipvu.

Sin pausa, Mussi profundizó

el proceso y trascendió

que ascenderían a una decena

los damnificados de

Díaz.

Un “clon” bandeño

Mientras el abogado

defensor, Martín Jiménez

Soria, ensayaba una

estrategia, otra “tempestad”

legal se precipitó en

la causa.

Al cierre de esta edición,

se supo que en La Banda

también fueron interpuestas

numerosas denuncias.

Las mismas serían motorizadas

desde hoy por la

fiscal Jaqueline Macció.

Alguien sugirió la acumnulación

de los dos procesos,

pero rápido quedó en

claro que es imposible tratándose

de dos jurisdicciones

distintas.

Por ende, Jiménez Soria

deberá atender los dos frentes:

en Capital, su cliente ya

fue indagada y La Banda

también la requeriría la semana

venidera.

En esencia, en las dos

ciudades habría familias

que la acusan de haberlas

defraudado, requiriéndoles

entre $ 3.000 y $ 7.000.

De las denuncias se desprende

que Díaz alegaba tener

amigos en el Ipvu y, por

ende, facultades para concretar

adjudicaciones.

Las denuncias recalaron

en Delitos Económicos ante

el incumplimiento de lo

pactado, trascendió.

De acuerdo con las redes

sociales, entre los dos distritos

el tendal de víctimas superaría

las 120.

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