Fiscales investigan de oficio la defraudación al Iosep y determinarán si hay más implicados

El fiscal general de la provincia dispuso que, de oficio, la Unidad Fiscal de Violencia Institucional tome intervención en la presunta defraudación que tres cajeros y un contador público habrían cometido en perjuicio del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial.

Después de la información publicada en exclusiva por EL LIBERAL en su edición de ayer, en la que se reveló que las autoridades del Iosep emitieron una resolución en la que se disponía la exoneración de tres empleados que se desempeñaban como cajeros y de un contador público nacional, que también prestaba servicios para el organismo, como supuestos responsables de maniobras fraudulentas en perjuicio de la obra social y del Estado provincial.

El Dr. Luis de la Rúa, manifestó: “Al tomar conocimiento de que se resolvió la exoneración, hemos tomado la iniciativa de enviar a la Unidad de Violencia Institucional, que es una unidad especial, para tratar este tema y se aboque de oficio para entender en esta causa, tomar las medidas pertinentes y pedir los informes correspondientes”.

Seguidamente, el fiscal general agregó: “Hasta ahora no ingresó la denuncia, pero creemos que hay que actuar cuanto antes”.

Te recomendamos: Exoneración y denuncia penal contra tres cajeros y un contador del Iosep por supuesta defraudación

“Nosotros vamos a tratar la vía penal, debemos determinar cuál es la situación de los empleados”, precisó.

Asimismo, el fiscal general de la provincia, adelantó que “seguramente tomará participación Fiscalía de Estado, en su momento, como querellante”.

En cuanto al perjuicio económico en contra del Iosep y un eventual resarcimiento, señaló: “Nosotros investigamos si hubo delito, si hubo una defraudación, investigar el daño producido, y ello -el resarcimiento- ya irá por la vía civil”.

“Se llevó a cabo un control interno, de acuerdo con lo que conocemos en la publicación, hubo auditorías internas, hay que ver si hubo auditorías externas y nosotros estamos facultados para ver las responsabilidades”, adelantó.

Por último, el Dr. De la Rúa, deslizó que puede haber “más responsables”.

Primeras medidas

La Dra. Jésica Lucas es la fiscal que está de turno durante la feria judicial en la Unidad de Violencia Institucional, y será en consecuencia quien lleve adelante la investigación de la causa.

La resolución interna del Iosep fue emitida el último miércoles; en ella se disponía la exoneración de los cajeros Rubén Espíndola, Gerardo Monetti y Raúl López, así como también de un CPN Diego Cortés.

En la misma resolución, se establecía que se debía remitir los informes al Tribunal de Cuentas y al mismo tiempo formular una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, si bien hasta el momento no se formuló la denuncia, ante la decisión de actuar de oficio de la Fiscalía, la Dra. Lucas ya mantuvo comunicaciones telefónicas con los representantes legales del Iosep y en esta jornada serían remitidos los informes y la documentación correspondiente de la auditoría interna que detectó la maniobra y el sumario administrativo a los sospechosos, que determinó su responsabilidad, según la resolución interna del Instituto.

Te recomendamos: El MPF actuará de oficio e investigará la supuesta defraudación a Iosep

Se presume que la Fiscalía dará intervención a los investigadores de la División Delitos Económicos y se llevarán a cabo pericias contables para establecer la existencia de la maniobra y luego determinar en caso de que se corrobore, desde cuándo se cometió el delito. 

Remiten las evidencias de la auditoría a la Unidad Fiscal

Una vez que la Fiscalía recepcione la documentación y las evidencias que se recolectaron durante la auditoría interna y el sumario administrativo contra los involucrados, se determinará si corresponde o no la imputación de los sospechosos.

Como primera medida será necesario definir la situación de los acusados; establecer si la resolución queda firme y la exoneración es definitiva.

Cabe recordar que la auditoría en la que se detectaron presuntas maniobras defraudatorias se llevó a cabo durante junio de 2019.

Dicha auditoría recomendó el inicio de un sumario administrativo para cada uno de los involucrados, es decir, los tres cajeros y el contador, quienes fueron trasladados a otras oficinas mientras se llevó a cabo la investigación interna.

Se presume que los cuatro “ex empleados”, serían imputados por el supuesto delito de “defraudación calificada” en perjuicio del Estado provincial.

De la misma auditoría, se desprende, que en ese periodo el perjuicio sería casi $100 mil, pero estiman que puede ser mayor.