Exoneración y denuncia penal contra tres cajeros y un contador del Iosep por supuesta defraudación

Al menos tres empleados del Iosep y un contador de la obra social estatal, fueron exonerados de sus funciones como resultado de un sumario administrativo que se le realizó a cada uno, después de que se detectaran ciertas “irregularidades” durante una auditoría interna. Están acusados de haber pergeñado maniobras fraudulentas en perjuicio de la institución, en una cifra altamente importante.

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De acuerdo con lo manifestado por fuentes judiciales, las autoridades resolvieron formular, incluso, una denuncia penal en contra de los involucrados, ya que sólo en uno de los casos auditados, la defraudación ascendería a casi $100.000.

Las fuentes consultadas explicaron que el pasado 28 de junio de 2019, se dispuso que se lleve a cabo una auditoría interna en el circuito administrativo de la obra social y de las tareas de sus respectivos empleados.

Como resultado de dicha auditoría, se habrían detectado ciertas anomalías, recomendando realizar un sumario administrativo para cuatro empleados, uno de ellos un contador.

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Según precisaron las fuentes, dando cumplimiento a la recomendación de las conclusiones de la auditoría, se inició un sumario interno a tres cajeros que fueron identificados como Rubén Espíndola, Gerardo Monetti y Raúl López, así como también a un CPN Diego Cortés.

Los sumarios también encontraron responsables a los involucrados como los responsables de una maniobra fraudulenta.

Pese al hermetismo con el que se maneja hasta el momento la causa, las fuentes deslizaron que se habría tratado de dobles facturación de algunas prestaciones, generando lógicamente una doble erogación a la obra social estatal.

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Con los elementos de prueba recolectados durante la investigación interna, se emitió una resolución en la que se determinó la exoneración de los tres cajeros y el contador, la cual lleva la firma de la máxima autoridad, el presidente interventor Raúl Ayuch.

En dicha resolución, también se destaca que se debe radicar la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Provincia, por lo que se iniciará una investigación judicial por el supuesto delito de defraudación en perjuicio del Estado provincial.l