Identifican zonas rojas en Santiago y piden detención de dueño de un albergue transitorio

La Justicia ordenó la detención del propietario del albergue transitorio céntrico, clausurado el viernes a la noche, y a la vez, determinó la existencia de seis estratégicas "zonas rojas" en la ciudad capital de Santiago del Estero, con alrededor de 25 trabajadoras/es sexuales y una gran cantidad de clientes habituales del local cerrado, con pagos base de $500 los 15 minutos.

El disparador fue un procedimiento en calle Plata 1177, en forma conjunta del personal de Trata de Personas y Delitos Conexos y/o Calidad de Vida de la Municipalidad. Al arribar, había seis trabajadoras sexuales.

Los cimbronazos fueron inmediatos. El juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui (foto), ordenó "allanamiento, requisa y registro" de las instalaciones, más la detención de Roberto Martín Suárez, quien no fue hallado en el lugar y por quien el abogado Marcelo Castillo Gioya presentó ayer un pedido de eximición de prisión.

Hubo tareas de inteligencia de varios meses. Según la fiscal Jésica Lucas, la policía determinó que los 7 días de la semana operan lugares clave de la ciudad como "zona roja": avenida Belgrano norte, calles La Plata, Perú, Constitución, Bolivia, Quintana, Carranza, Ricardo Rojas y en arterias adyacentes.

Allí, operarían más de 25 trabajadores sexuales, entre mujeres y hombres. No es todo. El incipiente proceso individualizó además la presencia de "cafishos", regenteadores.

Siempre de acuerdo con la teoría fiscal, contratado el servicio, los trabajadores sexuales acuden al albergue de Plata 1177, a cargo de "Martín", apodo del imputado, que les facilitaba sus habitaciones y les cobraba  $500 los 15 minutos.

En el lugar funcionaban 9 habitaciones, en condiciones deplorables, sin baños y sólo con baldes y papel higiénico. A ese cuadro, el proceso habría adosado incidentes en las piezas. También, antecedentes por robos, agresiones, sólo por citar los hechos más notorios, en especial por las denuncias que obran en las comisarías jurisdiccionales.

En síntesis, la Fiscalía endilga a Suárez cargos por "promoción y facilitación a la prostitución en perjuicio de la salud pública". Para los investigadores, libre Suárez pondría en riesgo la integridad física de todos los protagonistas.

Resolución, clausura y el fastidio de los vecinos

La orden de detención en contra de Suárez, el propietario del albergue transitorio donde facilitaba la prostitución, rige para los días 31 de mayo, 3 y 4 de junio", especificó el magistrado en su resolución.

Mientras tanto, la Fiscalía tomaría testimonios a las seis mujeres descubiertas "trabajando", también a una pareja que fue hallada en una de las habitaciones, trascendió de esferas policiales.

Otro aspecto valioso que incidió en el allanamiento fueron los testimonios de los vecinos, quienes habrían exteriorizado su molestia, por incidentes y escándalos, por la presencia de mujeres y hombres, en especial durante los fines de semana.    

Asimismo, el lugar fue clausurado, ya que no se encontraría habilitado para este tipo de servicios, clarificó al cierre una alta fuente. Por ende, Suárez afronta dos frentes adversos: su imputación y el pedido de eximición de prisión, a resolverse en una audiencia esta semana. Y, al mismo tiempo, la avanzada municipal sobre lo endeble de su situación, ante la ausencia de una habilitación en ningún concepto.

Castillo Gioya: "Moralmente cuestionable, pero no hay un delito"

"No estamos frente a un delito, sino a una cuestión administrativa", señaló el abogado de Suárez, Marcelo Castillo Gioya. "... En el lugar fueron encontrados también dos pasajeros que alquilaron una habitación", acotó.

En diálogo con EL LIBERAL, el letrado manifestó que el "pecado de mi cliente es carecer de una habilitación. El lugar no era un prostíbulo, o una whiskería. Mi asistido no regenteaba a nadie, solo cobraba un alquiler y un detalle nada ajeno: todos y todas las mujeres eran mayores de edad".

"No corrompió a nadie"

A criterio del abogado, "la actividad será moralmente cuestionable, pero lejos estamos de asistir a un delito, tal cual es precisado por el dogma penal. Entendemos que se trata de una incorrecta imputación, en virtud de que mi representado no forzó, indujo, ofreció, menos -jamás- ha corrompido a persona alguna..."

Finalmente, resaltó que todo "será clarificado ante un juez/a de Control y Garantías. Solicitamos ya eximición de prisión y él o ella tendrán la última palabra".