Si se concede la suspensión, los demandantes no podrán ejecutar la sentencia mientras el proceso de apelación esté en curso.
La jueza Loretta Preska define hoy si suspende entrega de acciones de YPF La jueza Loretta Preska define hoy si suspende entrega de acciones de YPF
La jueza Loretta Preska de Nueva York informó que hoy decidirá si concede a la Argentina la suspensión de la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia de U$D 16.000 millones, que con intereses asciende a U$D 17.750 millones, por la expropiación de la petrolera. Esta decisión es crucial, ya que determinará si los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, podrán ejecutar la sentencia mientras Argentina apela.
La magistrada aclaró que no definirá si cancela o revierte la orden original de entrega de acciones emitida el 30 de junio, sino únicamente si suspende su ejecución mientras el país tramita su apelación. Si Preska concede la suspensión, los demandantes no podrán ejecutar la sentencia mientras el proceso de apelación esté en curso.
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La Argentina se anticipó a la definición de la jueza de primera instancia y apeló la orden de entregar acciones ante un tribunal superior de Nueva York. Los abogados del país comunicaron formalmente a Preska que ya acudieron a la Corte de Apelaciones y que, en caso de que ella otorgue la suspensión, informarán al tribunal superior que la jurisdicción seguirá en la corte de primera instancia. Preska concedió a las partes "tres días adicionales" para ir a la Corte de Apelaciones, lo que Argentina hizo el jueves.
El Gobierno argentino sostiene que la orden de Preska viola la ley de expropiación de YPF, argumentando que cualquier traspaso de la participación estatal requiere la aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios.
Además, el país considera que el traspaso accionario tendría efectos irreversibles, dado que los demandantes manifestaron su intención de vender esos títulos una vez que los reciban. Esto impediría retroceder la situación incluso si Argentina ganara la apelación.
En los escritos presentados, el país advierte que sufrirá un "daño irreparable a su soberanía" si no se suspende la orden de entrega mientras se resuelve la apelación, viéndose forzado a elegir entre "cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos".
