Atraco a Servisur, crimen de Móttola y condena a dos rugbiers polarizan la vuelta al trabajo de jueces y fiscales

La Justicia recobra hoy su dinámica habitual. Atrás quedó la feria de verano y la investigación por el millonario golpe a Servisur polariza las prioridades de fiscales y jueces, con seis personas detenidas: dos policías, un tercero exonerado, un técnico en celulares, la madre y un amigo de los hermanos Marcos Matías y Carlos Maximiliano Villalba.

El prólogo de la historia sobrevino la mañana del 12 de noviembre de 2019.

En calles Dorrego y 24 de Septiembre, varios motociclistas emboscaron al remís en el que se trasladaban los tesoreros de Servisur, César Muñoz y José Benítez.

Armados y encapuchados, la banda los despojó de $ 2.413.080, al parecer originalmente destinados para depósitos en la compra de combustible.

“Robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda y por la condición de autor en concurso ideal de delitos”, es la calificativa que los representantes del Ministerio Público endilgan a los cuatro detenidos y a los Villalba, prófugos y presuntos cerebros.

Orden y jerarquías

En un plano secundario, presos hace dos meses y medio, aparecen los policías Luis Serrano, Marcelo Campos y Bruno Rubín (exonerado) y el técnico en celulares Iván Díaz Páez.

Hay tres escenarios que erosionan la paz a los Villalba: el terreno judicial, delegado a su abogado, César Barrojo; el ya fragilizado código de silencio entre los 4 presos y los investigadores, tras sus pasos.

Por lo pronto, días atrás los “sabuesos” hicieron un procedimiento en Puerta Chuiquita, distante 20 kilómetros de Lavalle, en el punto límite entre Santiago y Catamarca.

Los investigadores deslizaron que no se encontró nada, pero empiezan a temer de sugestivas filtraciones que mantendrían a los Villalba un paso delante.

Amigos, ex compañeros

Las voces de protestas no son antojadizas. La Fiscalía intuye que el golpe fue obra de policías y otros exonerados.

Es más, una testigo e informante clave sería también ex policía, apodado “Rana”.

Junto a otros policías, habrían provisto fechas, direcciones, nombres, que propiciaron la obtención de un video decisivo.

En él, aparecerían los asaltantes, con cascos. Y en los audios, varios policías pedirían colaboración para ser protegidos, a cambio de jugosas gratitudes económicas.

La obtención de la prueba, lo sustancial para la Fiscalía y los abogados defensores

La Fiscalía intentará de nuevo “blindar” la detención de los cuatro primeros presos, con sendas prisiones preventivas.

Enfrente, la defensa contragolpeará objetando la impronta legal en que habrían sido obtenidos los testimonios.

Un abogado deslizó que habría “pruebas” incorporadas a la causa, pero sin que a la defensa se le diera participación.

Para los investigadores, la reacción de la defensa más se asemejaría a una cuasi “chicana” o jugada desesperada, que a un planteo jurídico.

Cada cual con su juego

En una batalla con fuego cruzado, los defensores adelantaron que impulsarán que la investigación sea asignada a la Federal o bien Gendarmería.

Fundamentaron que si hay policías detenidos y sospechas de otros aún anónimos, mal podría investigar la misma fuerza.

Abstrayéndose de esa estrategia, la Fiscalía seguirá al pie de la letra.

Desde hoy, reflotará su pedido de prisión preventiva y es casi seguro que antes del jueves tenga fecha la audiencia.

En ella, una jueza (Sara Harón) terciará y definirá la suerte final de Serrano, Campos, Rubín y Díaz Páez. La madre y un amigo de los hermanos Villalba buscarán su excarcelación, pero se los acusa de una participación secundaria en el golpe.l

La perpetua temida en el crimen del mecánico

Jésica Díaz, el policía federal Juan Pablo Fernández y Damián Nicolás Silva intentarán despegarse, o bien oxigenar su situación judicial en el asesinato del mecánico Eduardo Móttola, ejecutado a tiros la noche del 6 de agosto del 2018 en su taller del B° Libertad. “Homicido calificado por alevosía, por pago o promesa remuneratoria”, son los cargos atribuidos a los tres detenidos: la sospecha mayor es que hubo $ 500.000 para que el federal ultimara a Móttola, financiados por su ex amante, Jésica Díaz, y el también amante de la mujer, Silva.

En octubre pasado les fueron dictadas las prisiones preventivas. Y hoy, los detenidos sólo procesan que de ser condenados, los espera una casi segura prisión perpetua.

Desde esa realidad probable, los abogados pondrán en práctica sus estrategias.

Irán en apelación al cuarto piso y es casi seguro que pedirán ampliar indagatorias.

Pese al hermetismo, es casi seguro que buscarán desvirtuar la teoría de triángulos amorosos en que se habría acordado el crimen.

Para la Fiscalía, Móttola amenazó a Jésica con hacer un ADN y establecer que la niña reconocida por un gendarme, en realidad era hija suya.

Fiscalía quiere “voltear” la condena de los dos rugbiers

La Fiscalía intentará revocar un juicio abreviado, en cuyo transcurso los rugbiers, Miguel Facundo Jiménez y Abel Edgardo Moreno, fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso, al morigerarse sus cuadros legales, de ‘homicidio simple’ a ‘homicidio preterintencional’.

La víctima resultó Román Darío Paz González, quien a mediados del 2019 fue golpeado a trompadas y patadas por los dos rugbiers, el intentar defender a un “trapito” por ellos apaleado.

Paz González permaneció internado en el Hospital Regional y murió el 15 de agosto.

Fueron condenados en suspenso. Deben pagarle a la familia $ 550.000. Su abogado entregó ya $ 100.000 y el resto deben cubrirlo en 30 cuotas de $ 15.000 cada una.

Apelación y posible envío a juicio del homicidio de Marito

Un tribunal resolverá las apelaciones en una decena de procesamientos en la causa por el crimen de Marito Salto.

La Cámara recibió los fundamentos a fines del 2019 y ahora se apresta a merituarlos y fallar.

Allegados a la causa deslizaron que una vez que retorne la voluminosa causa, sea cual fuese la decisión, la jueza, Rosa Falco, enfrentará nueva y dura misión.

En la práctica, empezaría a trabajar en la clausura y elevación a juicio, a ser ventilado quizá en el segundo semestre de este año.

Marito Salto fue visto por última vez el 31 de mayo del año 2016. Su cuerpo fue encontrado la mañana del 2 de junio en una ruta que une la ciudad de Quimilí con Otumpa (Dpto. Moreno).l